La Contraloría General reveló que la prórroga del contrato con Panama Ports Company (PPC), firmada en 2021 por 25 años más, se hizo sin cumplir con los procedimientos de ley ni contar con el refrendo obligatorio. El Estado panameño renovó a ciegas una concesión clave: los puertos de Balboa y Cristóbal.
Según el contralor, la empresa adeuda más de $300 millones por incumplimientos contractuales desde 1997. Anunció además que en los próximos días se presentarán denuncias penales contra los directores de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la junta directiva y los oficiales de PPC que deberán explicar “por qué tanta magnanimidad, por qué tanta benevolencia en un contrato que ha sido leonino”.
¿Quién protegió los intereses del país? El daño es económico e institucional. Durante décadas, los ingresos públicos fueron ignorados en beneficio de privados.
La transparencia no basta. Se necesita voluntad para exigir cuentas y proteger el patrimonio nacional. Panamá no puede seguir cediendo en silencio lo que le pertenece.
