En 2022, la Contraloría de Gerardo Solís afirmó que Panama Ports había cumplido sus “obligaciones básicas” y así se justificó la prórroga automática de un contrato que ya venía beneficiando ampliamente a la empresa desde 2002. ¿La auditoría que sustentó ese veredicto? Sigue oculta.
Tres años después, el actual contralor, Anel Flores, revela una verdad distinta: el Estado panameño ha dejado de recibir 300 millones “de malos cálculos contables” como contraparte del contrato y como dueño del 10% de las acciones de la empresa. La diferencia entre ambas versiones es abismal.
La auditoría que hoy se oculta no es un documento cualquiera: fue la base para justificar la prórroga por 25 años de una concesión millonaria sin refrendo, sin debate público, sin transparencia.
La Ley de Transparencia es clara: lo público debe ser público. Si el Estado tiene algo que mostrar, que lo muestre. Si no tiene cómo defender lo que hizo, que lo asuma.
Lo que está en juego no es solo legal. Es político, ético y nacional.
Publiquen la auditoría.
