La Universidad de Panamá quedó en el centro de una trama que combina opacidad, sobrecostos y posibles delitos financieros. El contrato para construir el Centro Regional Universitario de San Miguelito, firmado por el rector Eduardo Flores y modificado con seis adendas, terminó beneficiando a un consorcio cuyos fondos habrían sido desviados a cuentas ligadas al diputado Raúl Pineda, su hijo Abraham Rico Pineda y otros implicados en la Operación Jericó.
Flores ahora se deslinda: dice que desconocía lo ocurrido y reconoce que la principal universidad del Estado no tiene capacidad técnica para evaluar los reclamos que justificaron elevar el costo del proyecto de $65.9 millones a casi $85 millones. La adenda que validó ese aumento fue elaborada por la firma de una exasesora del contralor Gerardo Solís.
Pero una universidad no puede escudarse en su fragilidad institucional para convalidar decisiones que comprometen recursos públicos. Si no se robustece su capacidad de gestión y fiscalización, seguirá siendo presa fácil de intereses externos. La educación superior no se salva con discursos. Transparencia, rigor y control: eso también se enseña, y sobre todo, se practica.