¿Se intenta imponer una estrategia de caos en ambos extremos del país con la justificación de reformas impopulares, como las de seguridad social? En Darién, Bocas del Toro y Tolé se acumulan reclamos legítimos tras décadas de abandono, pero también acciones violentas que alimentan el desconcierto.
En Arimae, la ministra de Gobierno denunció la intromisión de dirigentes sindicales en una protesta indígena. En Bocas, el colapso del sector bananero y los bloqueos agravan una crisis social profunda, marcada por un lenguaje cada vez más intransigente. Mientras tanto, gremios magisteriales prolongan un maribundo y dañino paro indefinido que afecta a miles de estudiantes sin una ruta clara. ¿Estamos ante una presión coordinada que busca empujar al país hacia una narrativa de ingobernabilidad?
Conviene no descartar que ciertas agendas encuentren respaldo —logístico, político o financiero— más allá de nuestras fronteras, aprovechando el clima de malestar.
La Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo han llamado al diálogo y al fin de la violencia. Panamá necesita justicia social, sí, pero también serenidad institucional y una ciudadanía atenta a los riesgos del juego ajeno.
