El contrato portuario en Isla Margarita, Colón, debió ser cancelado en 2021 por una cadena de incumplimientos certificados por la Contraloría. La junta directiva de la AMP votó unánimemente a favor de su revocación. Sin embargo, el administrador no ejecutó la decisión y, en cambio, prorrogó la concesión por 20 años más.
¿Qué cambió entre junio y septiembre de 2021? Una reunión en Nueva York entre el presidente Laurentino Cortizo y los nuevos actores del proyecto portuario, representados por Notarc Management Group. A partir de allí, las puertas oficiales se abrieron: se ignoraron las faltas pasadas, se prometieron inversiones millonarias, y hasta se firmó una adenda exprés al contrato ley, sin que nadie preguntara por el historial de incumplimientos.
Hoy, ninguna de esas promesas se ha cumplido. La administración Mulino heredó un contrato plagado de sombras, demandas internacionales y dudas legítimas. El país merece saber quién intercedió y por qué. La transparencia no puede seguir siendo la excepción en las decisiones que comprometen el patrimonio nacional.
