Panamá ha dado un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado con la reciente inauguración de tribunales especializados en delitos de blanqueo de capitales. Esta medida responde a una realidad contundente: entre 2020 y 2025 se registraron más de 4,700 casos de lavado de dinero, y las audiencias por crimen organizado superaron las 57 mil.
La creación de estos juzgados representa una oportunidad histórica para fortalecer la justicia penal y enfrentar con mayor eficacia una economía criminal que ha socavado instituciones, financiado campañas políticas y penetrado estructuras estatales.
Ahora, la prioridad debe ser dotarlos de recursos, independencia y respaldo político sostenido. El país cuenta con jueces y fiscales valientes; lo que hace falta es blindar su labor de presiones externas y asegurar que las redes criminales no encuentren impunidad en los pasillos judiciales.
Este esfuerzo no es menor: atacar el lavado de dinero es atacar el corazón del crimen organizado. Para que marque el inicio de una justicia real en Panamá, será fundamental que todos los actores —incluidos los ciudadanos— exijan resultados y se mantengan vigilantes.
