Panamá atraviesa una encrucijada institucional. Cuando la Iglesia católica, la Cámara de Comercio, el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la Coalición Vamos coinciden en rechazar una iniciativa de la Asamblea Nacional, el país debe encender las alarmas. Algunos diputados evaden adelantar si apoyarán o no un proyecto de ley abiertamente inconstitucional, cuyo objetivo es claro: favorecer a dos expresidentes: uno condenado y otro acusado en casos de alto perfil por corrupción.
Este no es un simple exceso legislativo. El proyecto golpea directamente las facultades del Órgano Judicial, vulnerando la separación de poderes que sostiene nuestra democracia. Si se permite este atropello, ¿qué sigue después? ¿Un intento de golpe al Ejecutivo?
La negativa a sustentar públicamente el voto no es prudencia ni estrategia política: es cobardía. El país tiene derecho a saber quiénes están dispuestos a debilitar las instituciones para proteger intereses personales.
Este no es un simple proyecto de ley: es una amenaza directa al Estado de derecho. Y el silencio —o la complicidad— en este momento puede tener consecuencias que lamentaremos por generaciones.
