El país no puede perder el foco. Mientras se discute si era necesario el alquiler de un Cadillac Escalade blindado o si se cumplieron los trámites en Panamá Compras, el hecho central sigue sin aclararse: una bala impactó la ventana del despacho de la presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tres meses después, las autoridades aún no han dicho si fue una bala perdida, una amenaza o un atentado. Esa distinción no es menor. En juego no está solo la seguridad de una magistrada, sino la integridad del sistema judicial panameño.
En cualquier democracia sana, un ataque —o su sospecha— contra la cabeza del Órgano Judicial encendería todas las alarmas. Aquí, la atención se desvía en tecnicismos. Lo urgente es que el Ministerio Público informe con claridad qué ocurrió el 31 de enero. La sociedad merece saber si su justicia está siendo amedrentada. Silenciar o minimizar un hecho de esta gravedad sería renunciar a la verdad y normalizar el miedo.
