Panamá invirtió $30 millones en la plataforma Ester para garantizar la continuidad educativa en situaciones de emergencia. Cuatro años después, sigue sin utilizarse, incluso en medio de una huelga nacional que mantiene paralizadas las clases. El Consejo Permanente Multisectorial para la Educación (Copeme) entregó en 2020 protocolos detallados para activar herramientas digitales en momentos de crisis. ¿Por qué no se aplican?
La omisión del Ministerio de Educación no es técnica: es política. Se desperdicia una inversión millonaria, se vulnera el derecho a la educación y se profundiza la brecha de aprendizaje, especialmente para los más vulnerables. La suspensión de clases, sin alternativas digitales, se ha convertido en una respuesta sistemática que erosiona el futuro de miles de estudiantes.
Mientras las escuelas particulares continúan clases sin mayores contratiempos, el sector público se estanca por falta de visión, voluntad y rendición de cuentas. Exigimos respuestas concretas, transparencia sobre el estado de Ester y acciones inmediatas para cumplir con el mandato legal y moral de garantizar educación continua.
