Hoy por hoy: Violencia disfrazada de protesta

Lo que ocurre en Bocas del Toro no es una protesta social. Es violencia organizada, sostenida por estructuras criminales y, lo más grave, presuntamente apoyada por autoridades electas que, en lugar de velar por sus comunidades, alimentan el caos. Quemar vehículos, sabotear carreteras, destruir propiedad pública y privada y atacar bodegas de la Caja de Seguro Social no es protesta: es crimen. Las denuncias del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, deben investigarse con urgencia. Si se comprueba que alcaldes y representantes han financiado a pandilleros con dinero público o privado, deben ser procesados penalmente y sancionados por sus partidos y por la sociedad. Lo que está en juego es el Estado de derecho. Callar ante esto es ser cómplice. No hay cabida para la ambigüedad ni para el cálculo político. El país necesita líderes que condenen la violencia sin matices. Y necesita instituciones que actúen con firmeza para proteger a la mayoría pacífica frente a quienes, en nombre del pueblo, lo secuestran.