La violencia en las protestas frente a la Universidad de Panamá ha alcanzado un punto intolerable. El caso de la niña de cuatro años, que sufrió una fractura craneal tras ser impactada por una piedra lanzada por manifestantes encapuchados, es una tragedia que jamás debió ocurrir. La autonomía universitaria es un principio fundamental, pero también conlleva una responsabilidad: garantizar que las instalaciones no sean refugio para el vandalismo ni el caos.
La administración de la Universidad de Panamá debe asumir su responsabilidad inmediata. No es aceptable que pequeños grupos de supuestos estudiantes utilicen el campus como plataforma para la violencia, atacando a la ciudadanía y a las fuerzas del orden. La impunidad con la que estos individuos actúan demuestra una peligrosa falta de control y liderazgo por parte de las autoridades universitarias.
La autonomía no puede ser excusa para el desorden ni para poner en riesgo la vida de inocentes. Es urgente que las autoridades universitarias establezcan medidas claras para evitar que las protestas se conviertan en actos vandálicos. La sociedad exige responsabilidad, no justificaciones.
