La igualdad ante la ley o igualdad de derechos es un pilar fundamental de toda sociedad exitosa, es decir, toda sociedad que haya logrado perseverar una paz social y un desarrollo socioeconómico por un periodo largo de tiempo. Igualdad de derechos independientemente de tu sexo, procedencia, raza, religión y orientación sexual.
En principio, el cumplimiento de las leyes y normas de una sociedad bajo estricto ordenamiento jurídico, sin distinción de a quien se juzga, nos da como resultado un Estado de derecho. Solo con interpretar esta sencilla explicación podemos concluir que en Panamá, y gran parte de la región, no existe un Estado de derecho. Y por consecuencia, no existe un verdadero capitalismo, un verdadero libre mercado y libre competencia, en donde el consumidor, de manera democrática y en un intercambio ganar-ganar (capital a cambio de producto/servicio), sea el único que decide hacia donde se da la transferencia de capital. La igualdad ante la ley es fundamental para el libre mercado.
Para que se manifieste un verdadero capitalismo en nuestros países, definido por el respeto a la propiedad privada, la libre competencia, un sistema de precios libre y el intercambio voluntario, es absolutamente necesario, entre otras cosas, contar con un Órgano Judicial robusto, dotado de recursos y la suficiente independencia con la que que pueda garantizar esa igualdad ante la ley. De lo contrario, mantendremos el modelo clientelista y extremadamente corrupto que reina hoy día, donde el gobierno, y no el libre mercado, es la principal fuente de nuevas riquezas individuales.
A pesar del tiempo, aún vivimos retos importantes producto de las acciones tomadas entre 2020 y 2022 por el gobierno nacional (principalmente, los estrictos cierres comerciales y cuarentenas), como el alto nivel de desempleo y empleo informal que tenemos en nuestro país.
Más que nunca necesitamos del capitalismo, bien implementado, para salir adelante. Este, como bien lo explica Antonella Marty en su más reciente libro, es “un antídoto contra la pobreza”.
George Bernand Shaw decía que “para todo problema complejo hay una solución simple y equivocada”, y reformar o transformar el sistema judicial de un país sin duda alguna no es cosa sencilla. Dicho esto, el tiempo me ha enseñado que un buen primer paso para identificar oportunidades de mejora, es fijar un marco de referencia, estudiarlo e implementar las acciones que llevaron a ese marco de referencia a donde está hoy en día.
Propongo estudiar los sistemas judiciales de los países que lideran el índice global de Estado de Derecho (Rule of Law Index) de World Justice Project. Este índice evalúa los siguientes pilares: restricciones al poder gubernamental, ausencia de la corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento normativo, sistema de justicia civil y sistema de justicia criminal. Hoy en día, su evaluación contempla 140 países.
Nuestro querido país figura en el puesto 72 en la lista, con una calificación total de 0.52 (sobre 1) y desde el año 2015 no hemos visto progreso. Estamos en media tabla tanto a nivel global como a nivel regional (Latinoamérica y el Caribe). Particularmente preocupante o, como bien diría un exjefe mío, una gran oportunidad de mejora, es lo que vemos en las categorías vinculadas a corrupción, donde nuestra calificación es de 0.40, y sistema de justicia criminal, donde nuestra calificación es de 0.24. Es decir, tenemos gobiernos con altos índices de corrupción y un sistema judicial que no tiene la capacidad de procesar a estos criminales.
En materia de libertad económica, en el Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation, en la escala de 0 a 100, siendo 100 la máxima libertad económica, Panamá obtuvo un índice de 65 y se posiciona 61 en un listado que suma un total de 175 países. El índice promedio de 2022 fue de 60, por ende, Panamá se posicionó ligeramente por encima del promedio con un índice de 65.
Sin embargo, hay una tendencia a la baja y esto es preocupante. Durante los años 1995 y 1998, Panamá llegó a estar por encima de un índice de 70. Adicional, saliendo de las evaluaciones y llevando a plano del diario vivir, los que emprendemos, gestionamos o lideramos empresas en Panamá palpamos en el día a día cómo cada vez es más difícil, más costoso y más burocrático emprender o invertir en Panamá. Y esto es muy peligroso. Esto dificulta el emprendimiento y la expansión de negocios ya operativos. Desincentiva al empresario y, por consecuencia, la generación de empleo. Y no de cualquier empleo: estamos hablando de empleo formal.
La igualdad ante la ley, la libertad económica y el progreso van de la mano. Siete de los 10 países que aparecen en los primeros 10 puestos del Índice de Estado de Derecho también figuran entre los primeros 10 puestos en materia de libertad económica (Eco nomic freedom index by The Heritage Foundation). Y cinco de estos países, lideran el ranking global de PIB per cápita. La correlación entre un robusto Estado de derecho, alto índice de libertad económica y progreso socioeconómico es evidente.
Si esto no cambia, se mantiene el statu quo y se benefician criminales y burócratas corruptos que encuentran en la palestra política una plataforma para enriquecerse sin satisfacer ninguna necesidad o resolver un problema (a diferencia del mercado), muchos menos a través de un intercambio voluntario y, peor aun, sin enfrentar consecuencias. Por el contrario, lo logran perpetuando a muchos en la pobreza. Dejemos de confundir lo que tenemos en Panamá con el capitalismo, porque no lo es.
Dejemos a un lado la obsesión por la igualdad de resultados e igualdad material que muchos parecen tener y que por definición es antinatural, y pasemos a construir una verdadera igualdad ante la ley, mayor libertad de comercio y menor intervención estatal en nuestras vidas y negocios.
El autor es empresario
