Los hechos políticos de los últimos días, entre otros, los cambios con la salida de la ministra de Relaciones Exteriores y el movimiento de fichas políticas cercanas al vicepresidente de la República a las cabezas de ese ministerio y del Ministerio de Gobierno, sumado al desfile desmoralizador de entidades de salud, educación, investigación e innovación sustentando sin éxito sus presupuestos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, coronado con la aparente complicidad del Ministerio de Trabajo para intimidar a este medio de comunicación, confirman la debilidad institucional que estamos viviendo en el país. Y esa debilidad institucional es la puerta por donde entra la discrecionalidad y la corrupción mientras merma velozmente la democracia. (Nota: buscar “ego frágil de político” en el diccionario urbano).
La falta de institucionalidad que estamos viviendo y su afectación a la gobernanza democrática requiere cambios robustos en la gestión gubernamental, como indican las mediciones de Transparencia Internacional, el Índice de Percepciones de la Corrupción 2021, el Índice de Transparencia Parlamentaria 2020+, el Reporte Sombra del ODS16 en Panamá 2021 y otras mediciones como las del Índice para Combatir la Corrupción 2022, publicada por el Council for the Americas.
Entre algunos de los cambios más urgentemente requeridos en Panamá están: un giro imparcial y robusto de parte de la Contraloría en cumplir su rol como órgano de control de las finanzas públicas y que la administración de justicia ponga un alto a la impunidad de hecho.
La falta de institucionalidad se verifica también en la desconfianza -a niveles récord- de la ciudadanía en las entidades del Estado y en su uso de los fondos públicos, en medio de una situación económica caótica y de alto desempleo post pandemia. ¿Qué confianza puede tener el país frente al endeudamiento acelerado que ha casi duplicado la deuda pública internacional, sospechando todos que esos fondos han pagado planillas políticas y clientelares y no inversiones que creen empleo o infraestructura significativa?
Igualmente, quedó expuesta en estas últimas seis semanas la falta de institucionalidad en la forma que la Asamblea Nacional y sus diputados manipulan el presupuesto nacional, en una danza de toma-y-daca, para obtener privilegios, al tiempo que merman la capacidad de las instituciones públicas que ofrecen servicios básicos a la población de salud, educación y otros.
Un punto álgido es la desprofesionalización del servicio público a través del uso de la planilla estatal para favorecer copartidarios, tengan o no las habilidades para los puestos. Esto genera una desconfianza profunda no solo de parte de la ciudadanía, sino de los interlocutores internacionales, que dan cuenta y advierten de la debilidad del país en su aparente incapacidad de ejecutar planes sostenibles más allá de los cinco años de cada gobierno.
El entorno jurídico, en general, parece que no hay manera de lograr regulaciones anticorrupción que pudieran generar cambios de gestión hacia la transparencia, salvo la ley de prevención de conflictos de intereses y el reto de lograr su implementación. Lo que abunda son ejemplos de cómo los proyectos de ley de incentivos al turismo y el “mejor salario” para representantes y alcaldes, aprobados por insistencia por los diputados, evidenciando que la crisis institucional es mucho más profunda de lo que creíamos. Andan por la libre aprobando leyes que solo beneficia a unos cuantos, muy lejos del bien común, muy lejos de un entorno que honre la obligación ciudadana de pagar impuestos, mientras seguimos en las tres listas negras y grises internacionales, cosa que definitivamente merma la confianza en la capacidad del gobierno de gestionar lo que el país necesita para poder salir de las mismas.
Por último, las libertades fundamentales y los derechos humanos políticos y civiles: prensa, expresión, reunión, acceso a la información pública, entre otros. Si bien todavía gozamos nominalmente de ellos, no en poca medida la vocación al secretismo de esta administración va en contra precisamente de instituciones sólidas que respondan a principios y no a personalidades. Desde los miembros del Gabinete con sus actas secretas, ahora con aparente bendición de un fallo de la Corte Suprema, hasta el último funcionario de corregimiento que se niega a entregar una información de naturaleza pública, se están encontrando a sus anchas ante un sistema lento y sin voluntad de hacerles rendir cuentas.
Las soluciones no son secretas para nadie, especialmente para el gobierno y sus funcionarios. Por ejemplo, desde 2018, Panamá recibió Informe del Grupo Asesor de Expertos en anticorrupción, transparencia e integridad para América Latina del BID, señalando los cambios institucionales, de gestión, de control y de rendición de cuentas que podía aminorar el flagelo. ¿La realidad? Han estado haciendo lo contrario. A este informe se suman otros de organismos multilaterales. ¿Hasta cuándo podrá resistir el país este tiovivo imparable de discrecionalidad de funcionarios que no entienden la naturaleza del servicio público?
La autora es abogada y escritora.
