Panamá se ha caracterizado por su crecimiento económico pujante diferente a los demás países en América Latina. Mientras las proyecciones de crecimiento económico promedio latinoamericano son del 2,2 %, Panamá dobla las expectativas al 4 %. Aunque prometedor dicho crecimiento, lo que hace realmente evidente la necesidad de políticas públicas son los índices de pobreza y desigualdad. Según estadísticas del MEF el índice de pobreza multidimensional en Panamá se ubicó el año 2017 en 19.1% de la población, que en términos absolutos representa 777,752 personas pobres. Así mismo acorde al Banco Mundial, Panamá mantiene un índice de Gini de 49,9, siendo el noveno país más desigual del mundo. En otras palabras, el crecimiento económico no es acorde con el primer objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU. El vuelo del crecimiento económico panameño aterriza aparatosamente en la desigualdad.
En este sentido, queremos enfatizar en una de las raíces del problema: la ausencia de instituciones políticas inclusivas. Los economistas Acemoglu y Robinson al abordar los orígenes de la pobreza y la desigualdad de los países han mencionado que “la mayoría de los economistas y los encargados de formular políticas se han centrado en «hacerlo bien», mientras que lo que se necesita realmente es una explicación de por qué los países pobres «lo hicieron mal»”. De lo anterior llegan a una conclusión particular: la prosperidad y la pobreza están determinadas por los incentivos creados por las instituciones, y cómo la política determina qué instituciones maneja cada país.
Por consiguiente, los desequilibrios económicos en Panamá (que no se limitan a la extrema pobreza de las comarcas indígenas, aunque presentan rasgos territoriales) son consecuencias de instituciones políticas extractivas, incapaces de controlar e imponer la ley con la finalidad de crear igualdad de condiciones, permitiendo que ciertas élites controlen el poder político para satisfacer cuotas politiqueras, imponiendo instituciones económicas extractivas. Panamá es un país lleno de riquezas pero concentradas en pocas e inadecuadas manos. Las instituciones políticas extractivas limitan los dos motores de la prosperidad: tecnología y educación. Para el círculo de poder, el desarrollo económico es un proceso desestabilizador, ya que avanza cuando no es bloqueado por perdedores económicos que pueden perder sus privilegios económicos, o perdedores políticos, que temen se erosione su poder político. Las instituciones políticas extractivas convierten los bienes públicos en un botín para traspasar recursos a grupos que deben contentar, y donde lo que sirve no es el mérito, la educación o la preparación, sino el contacto o el amiguismo, desmotivando todo proceso de transformación y deseos de ser competentes. Los más golpeados con estas políticas son los sectores excluidos precisamente de estas componendas corruptas: sector agrícola, educación, salud, cultura, emprendimiento, medio ambiente, etc..
En consecuencia, las políticas que aseguran una mayor distribución de los ingresos surgen de instituciones políticas inclusivas, que son aquellas suficientemente centralizadas y pluralistas. Al hablarse de centralizadas, no es en cuanto a la administración territorial, sino las que imponen la ley y orden para apoyar la actividad económica, comercio, y seguridad básica de sus ciudadanos. Y son pluralistas aquellas instituciones políticas que reparten el poder ampliamente en la sociedad y lo limitan. Las instituciones políticas inclusivas crean instituciones económicas inclusivas que saben aprovechar el potencial de los mercados, facilitando el camino a los motores de la prosperidad permitiendo que la mano de obra, capital y tierra sean más productivas. De hecho, las instituciones políticas inclusivas son las que precisamente incluyen políticas de desarrollo sostenible como la conservación del medio ambiente, la promoción de la cultura y deporte como canales de prosperidad.
En definitiva, el éxito económico de un país depende de las instituciones políticas que posea, y las reglas que influyen en cómo funciona la economía y los incentivos que motivan a las personas. La creación de instituciones políticas inclusivas puede romper el molde que nos aprisiona. Las instituciones extractivas pueden ser sustituidas por instituciones inclusivas, para ello es necesario la confluencia de factores y la existencia de una coyuntura crítica. Panamá, está precisamente justo en el momento adecuado. A semejanza del momento histórico de la lucha de nuestra soberanía sobre la zona del Canal, la lucha actual contra la corrupción en las instituciones políticas es una tarea apasionante y difícil. El hastío generalizado hacia los actos de corrupción, y el sentido alerta de una ciudadanía lastimada que espera paciente (pero cada vez con más sentido de urgencia) un cambio político, pueden crear la coalición necesaria para exigir reformas en la consolidación de instituciones políticas inclusivas, y en su efecto, instituciones económicas inclusivas. La prosperidad y el desarrollo sostenible no pueden diseñarse exitosamente si no se aborda la raíz y causa de los problemas: las instituciones políticas extractivas y las leyes que las mantienen en vigor.
El autor esabogado y economista
