Las jubilaciones especiales fueron establecidas con el fin de beneficiar a aquellos trabajadores cuyas profesiones presentan una alta probabilidad de mortalidad o implican actividades peligrosas, tóxicas o insalubres. A pesar de los riesgos laborales inherentes, estas funciones son esenciales para la sociedad. Por lo tanto, dichos profesionales no solo enfrentan riesgos significativos, sino que su salud puede verse considerablemente afectada.
La jubilación anticipada, según la legislación de cada país, aplica a bomberos, policías, militares, mineros, personal de vuelo, buzos, trabajadores ferroviarios o del metro, químicos, empleados de plantas petroleras, metalúrgicos, trabajadores en grandes alturas, marinos, guardabosques, limpiadores de alcantarillado y, en algunos países, artistas y toreros. La edad de jubilación anticipada generalmente es inferior a la de jubilación ordinaria para otras profesiones. Esta jubilación puede ser voluntaria u obligatoria, de acuerdo con la normativa vigente en cada país, e implica condiciones especiales o requisitos específicos para su adelanto. En Panamá, esta normativa se aplica a la Policía Nacional, Servicio Nacional de Fronteras y Servicio Aéreo Nacional.
La Ley 18 de 1997 permite a los policías jubilarse tras 25 años de servicio consecutivo o 30 años no consecutivos, sin importar la edad. Muchos completan su servicio antes de la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres). El Ministerio de Seguridad paga pensiones mayores a $2,500, superando al Seguro Social, y cubre la diferencia hasta el último salario recibido, lo cual es insostenible, especialmente para comisionados. A menudo, gobiernos entrantes ascienden a uniformados próximos a jubilarse por conexiones personales, permitiéndoles retirarse con pensiones más altas.
Las jubilaciones anticipadas incrementan los gastos fiscales del Estado, ya que requieren recursos adicionales para financiar estas jubilaciones por un periodo más largo. Esto podría causar déficits en los fondos de pensiones y requerir ajustes presupuestarios constantes. También puede resultar en recortes de beneficios futuros o en aumentar las contribuciones de los trabajadores activos para cubrir los pagos.
Es necesario establecer una nueva ley para regular y realizar los cambios pertinentes. Entre estos cambios, se puede considerar una revisión de los requisitos, como exigir 30 años de servicio continuado, el cumplimiento de un mínimo de cuotas pagadas al Seguro Social y establecer la edad mínima de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres y que la misma sea voluntaria. Además, el techo máximo de jubilación no debería superar los 2,500 dólares desde el inicio, que es la pensión más alta que paga la Caja del Seguro Social (CSS). Es importante que los pagos se integren en la estructura de la CSS y que los fondos sean administrados y regulados legalmente por la CSS, en lugar de depender del Ministerio de Seguridad.
Una posible alternativa sería implementar nuevos incentivos para que los oficiales extiendan su permanencia en activo, tales como bonificaciones por años adicionales de servicio después de los 30 años. Adicionalmente, se podría flexibilizar la edad de jubilación, permitiendo a los uniformados optar por una jubilación parcial. Estas medidas deben estar acompañadas de asesoramiento financiero y apoyo psicológico obligatorio, con el fin de preparar adecuadamente a los policías para su jubilación, asegurarles una pensión privada complementaria y, principalmente, garantizarles acceso a un seguro de salud privado durante su retiro.
Es crucial que la ciudadanía panameña entienda que las jubilaciones especiales no son siempre perjudiciales y, en algunos casos, son necesarias. La Fuerza Pública de Panamá no es responsable de los problemas de la CSS. Sin embargo, es necesario revisar la legislación que regula esta entidad, incluido el sistema de jubilación policial.
El sistema actual podría no garantizar una jubilación adecuada para las próximas generaciones. Por consiguiente, es imprescindible que todas las instituciones cooperen y debatan los cambios necesarios, incluyendo a las entidades encargadas del orden público. Nuestro país ha transitado desde una dictadura y una invasión hacia una democracia. Los gobiernos anteriores evitaban modificar las leyes relacionadas con las fuerzas policiales para mantener la estabilidad entre los militares que se integraron en la policía y así evitar conflictos. Los tiempos han cambiado y la policía necesita avanzar hacia una mayor profesionalización. Es importante discutir sus normativas en un contexto democrático y progresar colectivamente, considerando las lecciones del pasado.
El autor es abogado y docente universitario
