Por una justicia imparcial y objetiva

La justicia brasileña impresionó al mundo al denunciar a la expresidenta Rousseff por actos ilegales que provocaron su salida de la presidencia. Semanas atrás, la Corte federal de Apelaciones de Estados Unidos rechazó la implementación de una orden ejecutiva de Trump para impedir la entrada de personas procedentes de regiones musulmanas. La Audiencia española acaba de sentenciar a prisión a Urdangarin, esposo de la infanta Cristina. La hermana del rey Felipe VI, aunque absuelta, deberá pagar un cuarto de millón de dólares por complicidad lucrativa. El escándalo Odebrecht está ahora poniendo a prueba la imparcialidad y objetividad de los tribunales latinoamericanos en general. Las confesiones de corruptos en instancias internacionales presionan a nuestras inmaduras democracias para actuar también de manera independiente.

¿Está preparada Panamá para castigar a los delincuentes de saco y corbata, sin importar apellidos, parentescos o banderías partidistas? Lo dudo. Los primeros tumbos que ha dado el Ministerio Público indican que la procuradora no parece saber cómo manejar la presión mediática y civil a que es sometida. Cuatro razones poderosas explicarían el escaso profesionalismo de jueces y fiscales. Primero, no es fácil erradicar el tradicional modus operandi de la justicia local que, a través de prácticas clientelistas, artimañas abogadiles y sobornables magistraturas, ha permitido impunidad desde tiempos remotos. Segundo, como la ceguera ha sido protagonista por tantos años, la capacitación técnica de los funcionarios en materia de investigación y debido proceso es escasa, una desventaja agravada por los exiguos presupuestos asignados para tal fin. Tercero, en un régimen presidencialista, la injerencia del Ejecutivo en nombramientos, pesquisas, inculpaciones y sobreseimientos ha sido la tónica constante. Cuarto, el hábito del “juega vivo” (nuestra marca país) está tan arraigado, que muchas de las vivezas se consideran actividades normales para múltiples sectores de nuestra mercantil sociedad.

Tomo como ejemplo emblemático el caso de la Promotora Los Andes. El nombre de esta empresa apareció en las investigaciones que realiza la fiscalía suiza para conocer la conexión entre Odebrecht y varias cuentas millonarias que reposaban en bancos del país helvético. Según reportes periodísticos, los hijos del exmandatario Martinelli habían declarado que sus millones procedían de la venta de locales de dicho centro comercial, iniciada a partir de 2011. Después de la gran manifestación popular contra la corrupción e inoperatividad del Ministerio Público, a la Sra. Porcell se le ocurrió formular cargos a todos los individuos que figuraban en las actas de esa promotora. El espectáculo incluyó, además, el envío de policías a domicilio para la conducción al edificio Avesa. Debido a la premura por calmar a la opinión pública, ni siquiera se efectuó una mínima indagación técnica sobre la información disponible. Posteriormente, se dieron cuenta de que varios de los acusados habían formado parte del anteproyecto para el desarrollo de Los Andes, empezado en 2006, pero que se retiraron mucho antes de los supuestos actos ilícitos (desmentidos posteriormente en carta notariada). De hecho, los finiquitos constaban en el Registro Público. Curiosamente, en los tomos del expediente suizo se mencionaba con mayor claridad a empresarios allegados al gobierno, pero sus identidades fueron manejadas con discreción y ternura.

Tristemente, nadie tiene la hidalguía de pedir disculpas y confesar que hubo imputaciones infundadas. Se evacúa estiércol y después no se limpia. La honra de gente decente carece de valor para la justicia panameña. Condenar a inocentes es peor que absolver a culpables. A los primeros se les desgracia la vida; los segundos caerán tarde o temprano, porque tienen podrido su material genético. Los medios, para colmo, colaboran con el morboso juego por negocio. La Prensa, para mi decepción, ha sucumbido a ese periodismo circense típico de tabloides amarillistas. Cuando se trata de alguien del período gubernamental anterior, su portada arremete con fuerza despiadada, sin respetar presunción de inocencia. Cuando se trata de algún personaje de linaje rimbombante, afín a editores, la coima se disimula con el eufemismo de relación comercial u honorario profesional, en vez de blanqueo de capital o lavado de dinero. Varios bufetes de abogados han ejecutado diligencias similares o peores que las de Mossack Fonseca, pero disfrutan de silencio jurídico y mediático. Para unos el calificativo es soborno, para otros solo transacción. Hay que ser miserable para festinar con la reputación del ser humano mientras se fortalecen los mezquinos objetivos del cuarto poder. Todos sabemos que hay periodistas que callan o maquillan información al ritmo de tajadas económicas o conveniencias ideológicas, suyas o de sus patronos.

El más grave problema de Panamá es que no existe ninguna instancia que inspire credibilidad o confianza, por más que se vocifere sobre moralidad en entrevistas televisivas o redes sociales. Numerosos escándalos han quedado impunes en todos los gobiernos. Muchos diputados son estandarte del clientelismo de taquilla. Los sindicatos son dirigidos por líderes sempiternos que no permiten auditorías financieras externas. Las asociaciones gremiales y los clubes cívicos rara vez rinden cuentas. Las instituciones religiosas reciben colectas públicas y subsidios estatales sin que medie fiscalización alguna. Hossana está en la mira por un bochornoso entramado de podredumbre, revelado por el reportero evangélico Chéry. Haciendo memoria, Odebrecht ofreció construir “gratis” la estatua de María a la Iglesia católica. Si no se hubiera destapado la enorme corrupción, podría imaginar el mote que tendría dicha efigie: “la virgen coimera”. ¡Plop!