Hoy 9 de junio se conmemora otro aniversario de la desaparición forzada, en 1971, del sacerdote Héctor Gallego, en un contexto que podría favorecer el cumplimiento de unas obligaciones del Estado que ayudarían a hacerle justicia, lo mismo que a todas las víctimas asesinadas y desaparecidas entre 1968 y 1989. Paso a explicar.
Hace ya cinco años el Estado panameño se comprometió, repito, se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a cumplir un acuerdo amistoso con las víctimas de la dictadura. Son distintas cláusulas, pero me voy a referir a la que principalmente se relaciona con el objeto de este artículo: “Medida legislativa”.
Textualmente, el acuerdo al que se comprometió el Estado dice: “Las partes reconocen haber trabajado conjuntamente en la elaboración de un anteproyecto de ley que declara el 9 de junio de cada año “Día Cívico de Reflexión para las Víctimas de la Dictadura Militar”. El Estado se compromete a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a remitir a la Honorable Asamblea Nacional, previa autorización del Consejo de Gabinete, dicho anteproyecto de ley e impulsarlo a través de reuniones con autoridades legislativas respetando la institucionalidad y la separación de poderes”. (Ver Informe de Solución Amistosa, Panamá, 13 de julio de 2019)
Está de más decir que la fecha 9 de junio se refiere al día en que fue violentado el padre Gallego, cuyos restos fueron a dar, según le dijo Manuel Antonio Noriega a la hermana del padre Gallego: “allí donde los encontraron”, es decir, fue enterrado en Los Pumas de Tocumen, según su versión. No me voy a ocupar de registrar el sinnúmero de incumplimientos relacionados con este acuerdo porque prefiero mirar a un futuro cercano que podría traer la justicia anhelada.
Ha llegado a la Asamblea Nacional una generación nueva con jóvenes que muy probablemente han sabido sobre el padre Gallego por referencias de personas adultas que sí saben que se trató de un crimen cometido y encubierto por el poder estatal. Aunque quisiera aprovechar estas líneas para ampliar sobre la parte del encubrimiento que se inició el mismo día 9 de junio de 1971 y ha permanecido hasta hoy 9 de junio de 2024, son tantos los detalles que ameritaría extenderme más allá de lo que me permite este espacio.
Ya habrá otra oportunidad en la que podré contar cómo un funcionario de Fiscalía que reunió evidencias que demostraban que al padre lo encontraron entre los restos de Tocumen en 1999, fue “suicidado” para que no hablara. Y con este testigo silenciado, quedó en la impunidad la segunda desaparición del padre Gallego. Los dos que fueron a buscar los restos saben bien la historia. Mejor es que hablen ahora, porque del castigo supremo, nadie se escapa.
En una época, en la que impera la falta de referentes para la conducta correcta de los seres humanos, la historia de un sacerdote que pagó con su vida la osadía de ayudar a los campesinos a zafarse las cadenas de la esclavitud política y económica a la que estuvieron sometidos durante décadas, amerita ser conocida. Esperamos que esta nueva generación en el poder legislativo sea capaz de superar la mezquindad política que caracterizó a quienes han maniobrado durante décadas para entorpecer la justicia, evitando que se apruebe la ley que, en parte, ayuda a hacer justicia al padre Gallego y a todas las víctimas.
El autor es ex investigador de la Comisión de la Verdad
