La grupera es un importante elemento de sujeción, que se coloca en la grupa desde el nacimiento de la cola del caballo, hasta la parte trasera de la montura, a fin de evitar que la silla de montar se desplace inapropiadamente, o se desajuste, haciendo al jinete perder eventualmente, el control sobre su cabalgadura.
Como panameño, no puedo menos que sentirme preocupado, al constatar el oportunismo y la libertad extrema con que altos dignatarios de algunas instituciones del Estado, se aprovechan para su exclusiva conveniencia, de la interpretación sesgada que hacen, del significado de las palabras autonomía e independencia, incorporadas en los postulados y reglamentos de operatividad de las instituciones a su cargo.
Tal es el caso vigente y flagrante de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), y más recientemente, de la Corte Suprema de Justicia. Ambas, han utilizado el argumento de la autonomía e independencia, para sustentar los escandalosos aumentos salariales, decididos e implementados unilateralmente por sí mismos, sin que al parecer exista nadie por encima de ellos que pueda realizar ajustes a la “grupera” de estas importantes instituciones de servicio público.
Al igual que lo sigue haciendo la flamante rectora de la Unachi; en esta ocasión la magistrada María Eugenia López, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSS), se sumó al club, y sin un atisbo de rubor en el rostro, trató de justificar ante los medios, el desproporcionado e insultante aumento salarial que permitió elevar el sueldo de $10,000 a $14,000.00 al mes, a cada magistrado.
Por su parte, la contralora general de la Nación, Anel Flores, quien, en efecto, posee la facultad de refrendar o no dicha petición de aumento salarial, y en saludable concordancia con la precaria situación económica que atraviesa el país, decidió no aprobarla. No obstante, como vivimos en un país kafkiano, los magistrados de la CSJ lograron finalmente salirse con la suya, al obtener el refrendo del contralor por insistencia, tal como lo permite la absurda norma.
En respuesta a las críticas recibidas en torno a este escandaloso asunto, la magistrada López, calificó las mismas, como: “parte del morbo ciudadano, toda vez que nosotros somos los que sostenemos la democracia en este país, los que interpretamos la Constitución y tomamos las decisiones más importantes”, expuso ante los medios.
Históricamente en nuestro país, cierto es, que el poder judicial ha sido uno de los tres poderes menos sometidos al escrutinio de la justicia (impensable que ellos mismos se juzguen)), aunque razones no han faltado para ello. Por ejemplo, la independencia de criterio, que alude la Corte como un derecho inalienable, y que le sirvió convenientemente en esta ocasión, para decidir su salario; en muy contadas ocasiones ha sido usado como debiera, para impartir justicia con imparcialidad, independencia y equidad; sobre todo en los casos de delitos de alto perfil, en donde ha resultado evidente que desde los militares hasta las subsiguientes décadas en democracia, la CSJ se ha acostumbrado a afinar muy bien el oído para bailar al son de las tonadas que le llegan de los cuarteles, del Palacio de las Garzas, o de quien mejor toque, para su respectiva conveniencia e impunidad, en cada caso, tiempo y lugar.
Por si acaso los magistrados llegasen a sentirse agraviados y ofendidos por esta aseveración histórica, y aludieran a su favor al trascendental fallo que emitieron al declarar inconstitucional el contrato minero aprobado por el gobierno anterior, es menester recordarles que, para variar, en esa memorable ocasión, la tonada que escucharon provino, esta vez, del pueblo y de la juventud panameña, que se mantuvo respirándoles en la nuca (día y noche) mientras la Corte sesionaba. Ahora quiero verlos defendiendo ese fallo con la valentía que se requiere, cuando, por encima del derecho y la voluntad del pueblo panameño, se intente reabrir la mina, y con ello se pretenda burlar esa importante e histórica decisión que, por fortuna y tranquilidad del país, la CSJ adoptó en su momento.
De manera que, honorables magistrados, en el tema de la cancelación del contrato minero, por citar la conducta que mejor los deja parados, aún está por verse y calibrarse su indeleble vocación de independencia, respeto y cumplimiento de la ley a cabalidad, tal y como pregona la magistrada López cuando autoproclama su misión de ser “el sostén de la democracia”. Llegado ese momento crítico, que lamentablemente, y por los vientos que soplan, nos tocará vivir muy pronto, quizás entonces llegaremos a pensar que está justificado su salario.
El autor es escritor y pintor.
