La borrachera del poder Presupuesto

¿Qué es el presupuesto nacional? ¿Para qué sirve? Bueno, en teoría se trata del instrumento legal en el que se realizan las estimaciones de los ingresos que tendrá el Estado, así como las autorizaciones para realizar gastos durante un tiempo determinado. Se trata, además, de una herramienta de planificación de las políticas públicas con miras al cumplimiento de los fines del Estado.

Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), el presupuesto debe ser el resultado de un proceso de planificación, por el peso macroeconómico muy claro que tiene en el crecimiento, el empleo, la inflación o la estabilidad. Su elaboración anual debe lograr balance entre ingresos y gastos, garantizar que el uso de los recursos públicos se corresponda con los planes y prioridades del gobierno y, muy importante, garantizar que esos recursos se usen de forma eficiente.

Con lo que no contaba la Cepal ni los teóricos en esta materia, es con lo que sucede en esta pequeña patria tendida sobre un istmo, donde cada año se utiliza una parte importante del presupuesto nacional para garantizar la reelección de los actores políticos. Donde cualquier intento de planificación y de ejecución de determinadas políticas públicas, choca con las cuotas que exigen diputados y partidos en la planilla estatal.

La cosa ha llegado a tal nivel de desfachatez, que en la comisión de presupuesto que analiza las asignaciones hechas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a cada institución, el bocatoreño más poderoso que en el reino hay, don Benicio Robinson, se quejaba amargamente así: “¿Cómo es posible que nosotros no podemos tener personal en nuestro circuito?... No soy funcionario de la Asamblea aquí en Panamá. Yo soy funcionario de mi provincia, que fue la que me eligió”.

Usar el dinero que tanto le cuesta recoger a la Dirección General de Ingresos en clientelismo se ha vuelto tan normal, que el diputado Robinson dice lo que dice sin pestañar. Sabe, además, que la Contraloría -esa entidad supuestamente fiscalizadora del buen uso de los recursos públicos- está de su parte.

La queja de don Benicio surgió tras la negativa del MEF de aprobar $41.3 millones adicionales a la Asamblea para contratar personal transitorio -ese que quiere el bocatoreño-, pero en realidad no hay motivo para preocuparse.

Según relata una nota de este diario, “Adames estaba tranquilo. Incluso, durante toda su intervención sonrió más de lo usual, lanzó miradas cómplices a sus colegas y copartidarios, y hasta hizo una que otra broma”.

La calma del presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, tiene una explicación: sabe con certeza que irán recuperando los $56.8 millones recortados a su presupuesto; incluso, podrían obtener más dinero. Por ejemplo, en 2021, el presupuesto asignado fue de $107 millones, pero antes de terminar el año, los diputados habían logrado sumar $93.8 millones.

Este año 2022, le asignaron $143.9 millones, pero ya en julio el presupuesto de la Asamblea iba por $200.4 millones. Por ello, no cabe la menor duda de que la tranquilada de don Crispiano tiene sustento.

No les pasa igual a los directores del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, a pesar del vital papel que jugó la institución y su personal durante la pandemia; de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que trabaja con ahínco para lograr el avance de la ciencia en Panamá, o del Instituto Oncológico, que atiende a cada vez más pacientes con cáncer. Para estas vitales instituciones y para el país, los recortes presupuestarios sufridos implican un golpe muy duro. ¡Cuánto podrían hacer con ese dinero que se despilfarra cada día por los lados del Palacio Justo Arosemena o por el reino de la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, Etelvina de Bonagas!

Pero a pesar de los pesares, desde la Dirección de Presupuesto del MEF intentan mantener el sentido del presupuesto como un instrumento de desarrollo para el país. Junto al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, siguen capacitando al personal de las instituciones para que implementen la metodología de presupuesto basado en resultados.

Igualmente, avanza la ejecución de los compromisos de Presupuesto Abierto Panamá 2021-2023, al publicar el MEF la revisión de mitad de año 2022. Son dos procesos que van a contrapelo de lo que sucede en instancias tan vitales para la democracia como la Asamblea Nacional, los gobiernos locales y, más grave aún, los partidos políticos. En cada una de ellas, el clientelismo crece insaciable, impactando la institucionalidad y la eficacia de la administración pública, impidiendo que la democracia cumpla sus promesas de mejorar la calidad de vida de todos, especialmente de los más vulnerables.

Entender la política como un reparto de prebendas y privilegios -incluyendo exoneraciones empresariales- está destruyendo la democracia, el sentido de comunidad, de ciudadanía, del bien común. Incluso, los partidos políticos. Las señales de alarma vienen de todos lados, pero no las escuchan. Están borrachos de poder.

La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana (TI Panamá)