La canciller Erika Moynes, en entrevista dada a Bloomberg en el marco de la conferencia New Economy Gateway Latin America celebrada en nuestro país recientemente, dio la respuesta que muchos hemos querido escuchar de una manera enérgica y constante de un representante del gobierno.
Ante la pregunta sobre la reputación internacional de Panamá en términos de lavado de activos, la canciller respondió: “(...) Desde hace años Panamá sigue siendo señalada como una especie de paraíso fiscal. La atención está siendo desviada… Ayer salió un informe [fsi.taxjustice.net] y Panamá no está ni en las primeras 15 posiciones, pero te diré cuales países sí encabezan la lista de mayores paraísos fiscales: Los Estados Unidos, el Reino Unido, Japón, Alemania, todos países del G7. ¿Sabes cuántos de estos países están en listas grises por los reguladores financieros? ¡Ninguno! Es interesante como se culpa a Panamá cuando no somos el problema, pero otros países que han sido señalados por secretismo financiero no sufren consecuencias”. ¡Bravo! Ya es hora de aprovechar cualquier foro a nuestro alcance para gritarlo a los cuatro vientos: ¡Mira lo que dijo la sartén a la caldera!
Panamá es un pequeño país que ha sufrido los embates de las grandes potencias, particularmente la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en cuanto a nuestro régimen fiscal y la territorialidad de los ingresos para el cálculo de los impuestos sobre la renta. Desde nuestros regímenes especiales aprovechamos nuestra posición geográfica para atraer inversión extranjera directa. Estas empresas multinacionales, las cuales, atraídas por legislaciones visionarias, se instalan en nuestro país, generando miles de empleos bien remunerados para panameños, quienes a su vez adquieren conocimientos y habilidades, aumentando nuestras ventajas competitivas. En esta época post-covid se hace aún más urgente que se implementen políticas públicas que nos permitan recuperar las tasas de empleo que gozábamos en el 2019. Es demasiado triste ver cómo en estos dos años hemos visto desaparecer el gran progreso que estábamos haciendo en el plano económico y social.
En su reporte de marzo de 2022, la GAFI da un ultimátum a Panamá, exigiendo el cumplimiento del plan de acción que venció en enero del 2021 y recomienda “enérgicamente” que Panamá demuestre progreso significativo en completar su plan de acción a más tardar junio 2022, anunciando como posible consecuencia la instrucción a sus miembros de aplicar debida diligencia reforzada a todas las relaciones y transacciones con Panamá.
Con esto, GAFI nuevamente muestra los dientes a pesar de los ingentes esfuerzos por parte de múltiples administraciones para satisfacer las peticiones de los representantes de estas organizaciones multilaterales.
Junio empieza esta semana. Estas organizaciones multilaterales ya nos han advertido de lo que nos viene encima. ¿Podremos esperar una respuesta tan enérgica como la que escuchamos de la canciller recientemente o quedaremos nuevamente a merced de los castigos de las multilaterales que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en la suya? Pronto sabremos.
El autor es director de la Fundación Libertad
