El efecto del conocimiento seguro y claro de las acciones, como la impunidad en los escándalos de los medios debido a la falta de castigo en el sector público, revela la conexión de los servidores públicos con agrupaciones políticas tradicionales, regentadas por los jerarcas de los partidos, que ocupan puestos remunerados por el Estado.
Estos servidores públicos tienen la obligación de cumplir con el artículo 18 de la Constitución Política. Sin embargo, no lo hacen, y el Órgano Judicial, en sus sentencias, no fija el castigo, pues existe una certeza de que los ciudadanos que desobedecen la Constitución no enfrentan consecuencias, debido a la simple inobservancia de sus preceptos. A menudo, estos mismos son galardonados en elecciones o reciben otras designaciones.
Las irregularidades en la administración pública incluyen despilfarro, malversación, dilapidación, derroche y otras arbitrariedades en el manejo de los recursos del Estado. Estos recursos se dividen en cinco categorías: recursos materiales, suministros y activos; recursos humanos; recursos financieros; recursos tecnológicos; y recursos de infraestructura e instalaciones.
La Contraloría General de la República (CGR) estableció, mediante el decreto 214 DGA del 8 de octubre de 1999, publicado en la Gaceta Oficial 23,946, normas para el control interno gubernamental. Además, responsabiliza al titular de la entidad y faculta a las unidades de auditoría interna para revisar y evaluar los controles internos de las instituciones, lo que equivale a una auditoría administrativa que analiza, verifica e investiga el manejo y uso de los recursos de la entidad, y por ende, del Estado.
Las normativas vigentes en el sector público nos conducen al análisis, verificación e investigaciones, como los esfuerzos emprendidos en el área de auditoría administrativa, donde se desempeña el auditor interno. Este profesional debe contar con habilidades y destrezas dentro de su responsabilidad, ser idóneo como contador público autorizado, y actuar con independencia. Este perfil incluye integridad, compromiso con la verdad, objetividad, confidencialidad, honestidad, y otros principios establecidos en el código de ética profesional determinado por la Junta Técnica de Contabilidad. Está prohibido que el CPA participe en la planificación y ejecución de actos que puedan calificarse de deshonestos o indignos en la cosa pública.
Los escándalos actuales y las acciones habituales son consecuencia de la falta de fiscalización. La pregunta incómoda es: ¿Qué hace la CGR? Los manuales de procedimientos, destinados a legalizar y otorgar derechos para los desembolsos, no promueven el ahorro ni establecen un sistema adecuado de contabilidad gubernamental.
Este método debería asegurar los desembolsos en la gestión pública. Sin embargo, las irregularidades son producto de la ausencia de auditoría administrativa. La auditoría administrativa es el antídoto contra la corrupción, y las actas de traspaso institucionales son las evidencias.
Para concluir, la gestión del conocimiento seguro y claro se logra cuando el auditor interno ha adquirido la pericia y experiencia necesarias para llevar a cabo los procesos generativos, productivos y representativos que surgen de una sólida formación académica.
El autor es licenciado en administración pública y contador público autorizado.
