Largas filas, desabastecimiento y malos tratos por parte del personal médico son el calvario diario de miles de panameños en las instalaciones públicas de salud. Para quienes viven con VIH, la situación es aún más crítica, ya que enfrentan la amenaza de perder su trabajo o incluso ser criminalizados por su condición.
En la reciente Conferencia Mundial del Sida, realizada en julio de 2024 en Alemania, se discutió sobre la criminalización de portar o transmitir el virus como un delito. Expertos señalaron que esta realidad es preocupante, pues este tipo de regulación puede convertirse en una barrera para que las personas se realicen pruebas de VIH con regularidad. Además, resulta prácticamente imposible determinar con certeza quién transmitió el virus.
Esta criminalización, sumada a la falta de políticas públicas inclusivas, genera un entorno hostil para las poblaciones clave afectadas por el virus en Panamá. En el país, los hombres que tienen sexo con hombres, las trabajadoras sexuales y las personas trans son las principales afectadas, mientras que a nivel global también se incluye a personas privadas de libertad y otras de la diversidad sexual. Ninguna de estas poblaciones está protegida por la ley panameña y son sistemáticamente discriminadas tanto por el Estado como por la sociedad en general.
Este contexto influye directamente en la insuficiente respuesta estatal ante el VIH. Un claro ejemplo es que aún no se ha reglamentado la Ley 40 de 2018, que establece un marco jurídico para el abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual y el VIH, incluyendo incentivos para la investigación. Mientras tanto, los datos de nuevos casos siguen en aumento, y el Estado ha sido lento en implementar métodos preventivos, como la profilaxis preexposición, y en introducir tratamientos innovadores para los pacientes.
Preocupan especialmente las nuevas infecciones, sobre todo entre jóvenes en edad productiva y personas indígenas, así como el sostenido crecimiento del virus en los últimos años.
Solo recientemente la Comisión Nacional para el Control y Prevención del VIH (CONAVIH) ha reanudado sus reuniones, después de varios años de inactividad. Sin embargo, esta comisión no incluye organizaciones que representen a todas las poblaciones clave, y según informes del Ministerio de Salud, el gasto en la respuesta al virus ha disminuido un 22% entre 2014 y 2020.
La débil respuesta estatal trae a la memoria las décadas de 1980 y 1990, cuando el mundo tardó años en reaccionar a la epidemia del VIH debido al estigma y la discriminación de quienes formulaban las políticas públicas, creyendo erróneamente que el virus afectaba exclusivamente a los gays.
Es momento de que el Estado panameño asuma su responsabilidad en esta crisis y actúe con decisión. Se necesitan políticas inclusivas y basadas en derechos humanos que protejan a todas las personas, sin importar su condición, identidad, trabajo u orientación sexual. Es urgente una mayor participación de la sociedad civil, educación sexual científica, más recursos, y la plena implementación y reglamentación de la legislación vigente. Solo así se podrá romper el ciclo de estigma y abandono que perpetúa la epidemia del VIH en nuestro país.
El autor es director de Proyectos de Fundación Iguales
