Retomo el tema del proyecto de ley 163 para rescatar la Caja de Seguro Social (CSS). A continuación, mis observaciones:
Es ahora cuando la nación debe resolver la situación de la CSS con la mejor ley posible, en el menor tiempo posible.
Este es un tema complejo, que está vinculado a otros problemas aún más profundos e importantes en el entramado económico, social, cultural y político del país.
El Ejecutivo promueve la difusión y el análisis del proyecto con el apoyo de los medios de comunicación, llegando incluso a saturar el debate mediante la repetición constante del contenido, tantas veces como la pauta lo permita.
Buena parte de los grupos de interés participa en un debate estéril. Cada uno se centra únicamente en difundir e insistir en sus propios intereses y agendas particulares.
Desde ciertos sectores de izquierda, algunos promueven evitar cualquier discusión sobre medidas paramétricas, proponiendo en su lugar que el Estado desvíe recursos destinados a áreas críticas como salud y educación para resolver la crisis. Señalan como tabú la posibilidad de mejorar el rendimiento de las reservas de la CSS bajo buenas prácticas. Afortunadamente, son minoría, pero con capacidad de paralizar el país si no se les atiende, mientras la mayoría lo permita.
Por otro lado, desde algunos sectores empresariales de derecha —sin generalizar— se traza una línea roja al menor indicio de propuestas que puedan afectar la seguridad jurídica, las calificaciones de riesgo o la inversión extranjera.
En el medio está la sociedad civil: pasiva y silenciosa, la misma que eligió a los gobiernos, diputados incluidos, pero que en muchos casos no se tomará el tiempo de estudiar el proyecto, sin importar cuánto se prolongue el debate.
Finalmente, están los 71 diputados que, por mandato constitucional, deben aprobar la ley. Sin embargo, las posturas preliminares de las bancadas reflejan inseguridad individual y colectiva, presentando iniciativas egoístas orientadas a satisfacer intereses particulares en lugar del bienestar común. Predomina una tendencia a prolongar indefinidamente la discusión según sus conveniencias.
Por lo anterior, debemos reconocer que, además de la urgencia de encontrar una solución para la CSS, es crucial reducir los tiempos de definición y centrarnos en lo que realmente es viable. La ley que se apruebe debe ser producto de una concertación digna y transparente, dentro del ámbito legislativo, que incorpore buenas ideas y una participación activa de la sociedad civil que ejerza la debida presión ciudadana. No podemos permitir que unos pocos, guiados por intereses particulares, se adueñen del proceso.
Perdemos tiempo buscando una ley perfecta, infalible y duradera. Lo realista es aprobar una norma que sirva como punto de partida, con un articulado que contemple oportunidades de mejoramiento continuo debidamente reguladas.
En paralelo al proceso de la CSS, debemos comenzar a trabajar en la mejora de la calidad de vida integral de la población. Con una ley en ejecución, será más viable discutir y aceptar, por ejemplo, cambios en medidas paramétricas y ajustes que favorezcan una mejor distribución de la riqueza, sin comprometer la seguridad jurídica ni desalentar la inversión.
Nadie tiene la verdad absoluta. Es momento de trascender y dejar atrás la politiquería, la inseguridad, la ignorancia y la insensibilidad que han caracterizado este debate, para avanzar como país.
El autor es técnico en tecnología industrial.
