El sector agropecuario es el sector de la economía más intervenido por el gobierno en toda nuestra historia. Este intervencionismo se agravó con la creación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). La idea era y es que el Estado (es decir, los políticos) sabe mejor que el mercado y que los propios inversionistas del sector, qué es mejor para ellos y para los consumidores. Así que papá Estado toma las riendas del ‘desarrollo agropecuario’ desde enero de 1973. Cincuenta y un años más tarde, ni existe ‘desarrollo agrícola’ ni existe una mejoría para el sector en conjunto, porque está demostrado con creces que el intervencionismo económico no funciona.
Pocas instituciones han fracasado más rotundamente que el MIDA, porque en los 51 años de existencia ha continuado con las mismas políticas absurdas de intervención, protección, control de precios y subsidios. El resultado es que es más importante para el sector quién dirige el MIDA que lo que pasa en la bolsa de Chicago.
Esto que afirmo no lo hago a la ligera, solo hay que ver los números, los cuales siempre matan relato. El valor del PIB agrícola pasó de 10.83% del total del PIB en 1970 a 2.44% en 2023. Es decir, mientras el resto de las actividades económicas del país se desarrollaban, el sector agrícola se mantuvo estancado. Esto resulta evidente frente a una producción enfocada en el consumo interno, lo cual resulta en un mini mercado de cuatro millones de personas.
De toda esta debacle, uno de los peores ejemplos es lo que pasa con la industria arrocera, en donde se vive una verdadera locura económica. Además de la protección (arancelaria y paraarancelaria), los subsidios enormes, la regulación de precios y el gasto público (burocrático y financiero), los consumidores pagan uno de los precios más altos de arroz en el mundo y por un arroz de discutible calidad.
Un análisis serio de lo que ha sucedido con este rubro, en un gobierno racional, debiera llevar a un cambio radical de toda la política aplicada al mismo. Veamos, el crecimiento de la producción de arroz en los últimos 10 años ha promediado 1.89% anual. Este magro resultado vino apuntalado por los subsidios dedicados al rubro, un total de $ 453,833,379.27 sólo en los años del gobierno de Cortizo. ¡Si sumamos el gobierno de Varela, el valor excede los $860 millones! Es decir, no solo es un fracaso la política, sino que nos cuesta a los ciudadanos el arroz más caro y a los contribuyentes desviar recursos de necesidades más apremiantes para sostener algo que no es competitivo y nos hace daño en precios.
Lo más triste de todo esto es que Panamá tiene las condiciones climatológicas y los recursos para hacer del arroz un producto de gran producción, de gran productividad y de exportación. Para eso se requiere cambiar completamente la política aplicada para enfocarla a la productividad y a los mercados internacionales. Obviamente, un requisito para ello es la eliminación de la protección (no hay exportación cuando un producto es protegido). Y esto no es un problema porque ya hay producción nacional competitiva a niveles internacionales. Lo que se requiere es hacerla crecer.
Al final, cualquier política económica en un país debe estar enfocada a la mejora de la vida de los ciudadanos. De todos los ciudadanos y no de un grupo en particular. Es decir, la política debe tender a los precios más bajos posibles para el consumidor mediante el aumento sustancial de la oferta, tanto nacional como importada. Para eso se requiere que los productores se vean obligados a competir por el bolsillo del ciudadano y no garantizarles un pedazo de ese bolsillo por su cercanía al poder.
Basados en la ley de transparencia y con la finalidad de seguir informando y educando a la población, en la Fundación Libertad hemos solicitado al MIDA la información de los beneficiarios finales de los $860 millones otorgados en subsidios.
El autor es abogado
