Las repúblicas bolivarianas son aquellas fundadas por Simón Bolívar o sus sucesoras: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En total, 6 de las 20 repúblicas latinoamericanas.
Nada tiene que ver el republicanismo bolivariano con el narcochavismo imperante en la patria del Libertador, donde una impresentable dictadura ha pretendido apropiarse del legado bolivariano en vana pretensión por legitimar su oprobioso régimen. En su afán populachero y demagógico, llegó al extremo de exhumar sus restos y promover una imagen deforme y simiesca del héroe de América.
Entre tanto, su desgobierno sin precedentes ha generado un empobrecimiento masivo, descomunal y la emigración de más de 7.7 millones de venezolanos, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Las características del gobierno republicano, definidas por Bolívar en su Discurso de Angostura (1819), son las siguientes: “la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios”. Como es evidente, el republicanismo que conceptuó el Libertador va de la mano de la democracia, sistema de gobierno en el cual el pueblo (demos) es soberano.
De la unión entre democracia y republicanismo surge la democracia representativa, una fórmula de gobierno a través de representantes periódicamente elegidos por el cuerpo ciudadano, en el que el ejercicio del poder público está dividido entre varios órganos, para evitar el despotismo.
Dos siglos después de la instauración del sistema republicano, es interesante evaluar el estado de la democracia en los países bolivarianos. Para ello, la ciencia política recurre a índices compilados a partir de datos sobre elecciones, efectividad para gobernar, libertades civiles, acceso a la justicia, transparencia, rendición de cuentas y otras variables.
Entre los índices confiables, el de Freedom House (Freedom in the World) abarca el mayor número de países y territorios (210). Para Freedom House, Panamá, Colombia y Ecuador eran, en 2022, países “libres”; Perú y Bolivia, “parcialmente libres”; y Venezuela, “no libre”.
Entre los 6, Panamá tenía la mejor puntuación. Ocupaba el lugar N°59 entre los 210 países, lo que quiere decir que 58 Estados son más democráticos que Panamá. Le siguen Colombia (N°83), Ecuador (N°84), Perú (N°85) y Venezuela (N°178).
El índice de la democracia compilado por The Economist Intelligence Unit (EIU) abarca a 167 Estados. Panamá ocupa la posición N°49, seguida de Colombia (N°53), Perú (N°75), Ecuador (N°81), Bolivia (N°100) y Venezuela (N°167).
En esta clasificación, Panamá y Colombia son “democracias defectuosas” (“flawed democracies”); Perú, Ecuador y Bolivia son “regímenes híbridos” (en los que hay algunas características democráticas y otras, autocráticas); y Venezuela es un sistema autoritario.
Varieties of Democracy (V-Dem), proyecto radicado en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), es el que más variables examina para producir su índice de democracia liberal. Abarca a 179 países y pone en primer lugar, entre los bolivarianos, a Perú (N°47), seguido de Panamá (N°52), Colombia (N°54), Ecuador (N°63), Bolivia (N°92) y Venezuela (N°161).
Para V-Dem, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú son “democracias electorales” en las que hay elecciones multipartidistas, supuestamente libres y justas, para escoger al presidente. Existe el sufragio universal y hay niveles aceptables de libertad de expresión y asociación.
Venezuela es una “autocracia electoral”, en la que hay elecciones multipartidistas para la presidencia, pero no son libres o justas y las condiciones de libertad son insuficientes.
Estos tres índices comparten conclusiones. A pesar de que los Estados bolivarianos están entre los primeros que en todo el mundo establecieron el sistema republicano de gobierno, ninguno de ellos es una democracia plena. Hay, a lo sumo, democracias deficientes, en las que el sistema de pesos y contrapesos inherente al republicanismo no funciona adecuadamente.
Lo hemos visto en Panamá recientemente, en el proceso de aprobación de una concesión minera por la aplanadora oficialista, sin adecuado escrutinio en la Asamblea Nacional y de espaldas a una opinión pública que debe tener representación en la cámara legislativa.
Otro punto en común es que, según todos los índices, Venezuela es una dictadura. La pantomima electoral que cada cierto tiempo monta el régimen carece de garantías para quienes se le oponen.
De acuerdo con Freedom House: “las condiciones han empeorado marcadamente en los últimos años debido a la represión más dura del gobierno contra la oposición y al uso por parte del partido gobernante de elecciones completamente defectuosas para tomar el control total de las instituciones estatales. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales de disidencia política, restringiendo las libertades civiles y procesando a opositores sin tener en cuenta el debido proceso.”
La creación de un frente unificado opositor en Venezuela, a partir de la elección primaria, tres días atrás, ofrece esperanzas de que la patria del Libertador pueda recuperar la democracia por la vía electoral. La Contraloría narcochavista, sin embargo, mantiene sobre la candidata triunfadora, María Corina Machado, una “inhabilitación” impuesta en 2015 por motivos políticos (La Prensa, 22 de octubre).
En los otros países también ha habido un deterioro democrático, aunque menos acentuado. Según The Economist, el desempeño democrático de Bolivia, Panamá y Perú descendió en 2022. De acuerdo con V-Dem, Colombia sufrió una disminución ese mismo año.
El compromiso con la democracia no es firme en ninguno de los países y la institucionalidad está bajo asedio por situaciones como la corrupción, la impunidad y el irrespeto por los derechos civiles y políticos. Tal como lo señala el informe de Freedom House sobre Panamá, aunque el ejercicio del poder se caracteriza por su rotación ordenada cada cinco años, “la corrupción y la impunidad son desafíos graves que afectan al sistema de justicia y a los niveles más altos del gobierno.”
Luchar por el saneamiento de la política y la profundización de la democracia, especialmente a partir del respeto a la voluntad popular, debe ser la consigna de todos los ciudadanos en las repúblicas bolivarianas.
El autor es politólogo e historiador, director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá.
