En 2019, Ricardo Lombana se lanzó, a título de independiente, a disputar la presidencia de la república. Lo hizo solo, sin partido, sin estructuras, sin ningún candidato a diputados, a alcaldes o a representantes de corregimientos. En aquella ocasión, a pesar de todas sus desventajas, obtuvo casi el 20% de los votos emitidos. Aquella derrota lo hizo entender que tenía que construir un partido político. Durante los cinco años que siguieron, poco a poco, fue estructurando lo que hoy es el Movimiento Otro Camino. Como una hormiguita laboriosa (y ambiciosa), trabajando todos los días, y recorriendo todos los rincones del país, MOCA fue tomando forma y perfil. Se había convertido en una alternativa política formal, con su Declaración de Principios, Junta Directiva, Convención Nacional, Comité Político, membresía y delegados, como lo manda la ley y, consiguientemente, con candidatos para todos los puestos de elección popular. Si en 2019 había obtenido – solo - casi el 20% de los votos era una expectativa razonable que en las elecciones del 2024 pudiera llegar a la presidencia. Es más, en las últimas semanas del proceso electoral, ya se barajaban en los pasillos de MOCA nombres de las personas que ocuparían algunos ministerios y carteras.
¿Qué paso? ¿Cómo así que el incremento de votos no se compaginó con el enorme esfuerzo llevado a cabo durante los cinco años anteriores? Corresponderá a la dirigencia de MOCA hacer las autocríticas respectivas. Yo solo quiero mencionar una por lo sintomático que es: la errada lectura de MOCA de la crisis nacional que se originó con la aprobación de la Asamblea del contrato minero. Veamos los hechos y el contexto. En diciembre de 2021 la CSJ declaró inconstitucional el primer contrato minero. Casi de manera inmediata el gobierno nacional inició la renegociación de un nuevo contrato. Para ello contaba con el apoyo de los grupos empresariales más representativos del país, tales como CONEP, CAPAC, APEDE, CAMARA DE COMERCIO, etc.… Que alegaban que no hacerlo implicaría una violación a la seguridad jurídica contractual, lo cual podría generar consecuencias negativas para la inversión extranjera en Panamá, como lo son la pérdida del grado de inversión y, además, la posibilidad de condenas económicas de miles de millones de dólares, resultantes de procesos arbitrales internacionales. Sin embargo, en ese momento, ya la credibilidad del gobierno estaba por el piso. Un presidente ausente que daba la percepción que el Ejecutivo estaba en acefalía, el estancamiento de la Mesa Única de Diálogo que se había consensuado un año antes, derivado de la crisis que produjo los altos precios de insumos básicos, como lo son los medicamentos; una Asamblea que se autoincrementaba su presupuesto, y el aumento de la planilla estatal en más 1,000.00 millones de dólares, y los más de 200 millones de dólares que se repartieron en el interior (descentralización paralela) favoreciendo, de manera arbitraria, a los Municipios y Juntas Comunales que apoyaban al gobierno central, sin que ninguno de los funcionarios que la recibieron rindiera cuentas sobre el uso de ese dinero (salvo Paula González, alcaldesa de Penonomé). No olvidemos tampoco la evasión del gobierno a su deber de afrontar la incertidumbre del futuro de la Caja del Seguro Social. Y como si lo anterior fuera poco, entre cada una de estas cosas salían a la luz pública escándalos de corrupción de todo tipo. En ese contexto se presentó la coyuntura de la aprobación del nuevo contrato minero por parte de la Asamblea Legislativa. El hartazgo era total y ante la impotencia por la sordera crónica del gobierno, había que pegarle a la clase política gobernante donde más le doliera: el nuevo contrato minero. Es claro que el contrato minero solo fue la bandera que recogía toda la frustración e indignación de un pueblo.
El problema es que ni Lombana ni MOCA lo entendieron así. Se fueron por un asunto colateral: asumieron que además de acabar con la existencia del contrato minero, había también que acabar con la minería a cielo abierto. Es más, ante la presión social, la Asamblea se vio compelida a emitir una ley prohibiendo la minería en Panamá, ley que es evidentemente inconstitucional. Es más, llevaron esta postura a sus extremos. El Plan de Gobierno de MOCA establece: “Se propondrá modificar la Constitución para prohibir la minería metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional”. Lombana llegó a confirmar por entrevista televisiva, una y otra vez, que una vez llegara a la presidencia iba a proponer una reforma constitucional específica, con el único propósito de eliminar la minería. ¡Qué disparate! Un país con altos niveles de pobreza, renunciando al aprovechamiento de los recursos naturales con que fue bendecida. Ni siquiera los países más ricos renuncian al aprovechamiento de sus recursos naturales. Y minería de cielo abierto las encuentras, por ejemplo, en Suecia o Alemania, y en muchos países ricos. Como si nunca hubiesen escuchado hablar de lo que es “Desarrollo Sostenible”, que no es más que el aprovechamiento racional, cuidadoso, responsable, tecnológico de nuestros recursos naturales.
No hay duda que con esta postura Lombana se echó al bolsillo a los educados ambientalistas (incluyendo los extremistas), pero este discurso es ajeno al panameño de a pie, al panameño sin voz, a los miles de panameños que trabajaban en la mina y que quedaron vendiendo plátanos verdes en la vía Interamericana. Lo que para mí resultaba evidente era una clara desconexión entre el discurso de MOCA y las razones que motivaron que la gente se lanzara a las calles. En política no se puede ser ni exclusivo ni excluyente. La postura de MOCA refleja un problema más profundo: una falta de visión política de la dirigencia del partido. Ahora bien, si MOCA quiere ser un sofisticado partido “Verde”, como hay en muchos países, ¡bienvenido! Solo que no olvide que estamos en Panamá, no en Suecia o Alemania, por ejemplo. Y que tampoco olvide que el oro de Panamá no solo es verde, el oro de Panamá tiene múltiples colores.
Lo triste es que esta postura es, además, irresponsable. Entre el desgobierno del PRD y MOCA perdimos el grado de inversión, y ahora nos exponemos a condenas en procesos arbitrales que oscilarán entre los 20,000 a los 40,000 millones de dólares, por una mina que ocupa el 0.001% del territorio nacional. ¡Qué desproporción! Se impone la renegociación del contrato minero y la suspensión de los procesos arbitrales. Estamos todavía a tiempo para enmendar este atolladero en que nos han metido los políticos.
El autor es abogado.
