La reciente encuesta realizada por Jóvenes Unidos por la Educación (JUxLaE) revela una realidad que contrasta con la narrativa oficial sobre el inicio del año lectivo 2025. Mientras el MEDUCA asegura que el 99% de las escuelas iniciaron clases, los datos documentados muestran que más del 40% de los centros educativos evaluados no pudieron comenzar debido a graves deficiencias. Esta discrepancia entre el discurso y la realidad merece nuestra atención y acción.
El estudio, basado en 80 reportes que documentan 72 centros educativos en ocho provincias y dos comarcas, representa a 70,240 estudiantes panameños. Los problemas identificados son alarmantes: infraestructura deteriorada (44.44%), deficiencias en servicios básicos (16.67%) y mobiliario inadecuado (13.89%). En pleno 2025, existen escuelas donde los estudiantes enfrentan condiciones inaceptables, como instalaciones sanitarias no funcionales en áreas urbanas o techos que representan un riesgo para la comunidad educativa.
Es preocupante que muchas de estas deficiencias no sean recientes. El 5.48% de las escuelas lleva más de una década con problemas sin resolver, y un 12.33% entre cinco y diez años. Esto demuestra que no se trata de emergencias coyunturales, sino del resultado de años de postergación de soluciones, a lo largo de múltiples administraciones.
La distribución geográfica de estos desafíos revela disparidades. Coclé aparece como la provincia donde ninguna de las escuelas reportadas pudo iniciar clases, mientras que Chiriquí presenta el mayor número de estudiantes afectados. La situación en las comarcas es especialmente crítica, como en Guna Yala, donde una escuela con 643 estudiantes lleva más de diez años sin instalaciones adecuadas.
El impacto de estas condiciones sobre la calidad educativa es innegable. No podemos hablar de excelencia académica cuando faltan las condiciones básicas para el aprendizaje. Las horas lectivas perdidas, la imposibilidad de concentración en ambientes inadecuados y las limitaciones para implementar el currículo comprometen el futuro de generaciones enteras.
Frente a esta situación, resultan incomprensibles las decisiones presupuestarias recientes. El MEDUCA cuenta con un presupuesto de 3,581 millones de dólares para 2025, pero 181 millones fueron transferidos a otras entidades. De estos, 170 millones —originalmente destinados a la construcción de edificios educativos— fueron redirigidos al MOP poco antes del inicio del año escolar. Esta transferencia de recursos esenciales ocurre cuando más se necesitan para atender las deficiencias documentadas.
La ministra de Educación, Lucy Molinar, habla de un “cambio de chip” y de “avanzar al ritmo de las certezas”. Su visión contrasta con la urgencia de los problemas identificados. La responsabilidad del Ministerio en esta situación no puede soslayarse. Aunque algunos problemas datan de hace más de una década, ello no exime a la presente administración de su responsabilidad: le corresponde identificarlos y resolverlos. Más allá de discursos sobre planes futuros, se requieren acciones concretas para remediar problemas ampliamente documentados que afectan diariamente a decenas de miles de estudiantes.
Es importante señalar que existen 17 iniciativas de políticas públicas pendientes de ejecución que ya cuentan con consenso entre diversos actores del sector educativo. La falta de un plan estratégico no puede justificar la inacción cuando se dispone de un diagnóstico claro y de propuestas viables.
La situación exige respuestas inmediatas: un plan de emergencia para las escuelas que no pudieron iniciar el año lectivo, auditorías independientes de seguridad estructural, garantía de servicios básicos y un plan maestro de infraestructura con cronogramas y responsables claramente identificados para cada proyecto.
Es fundamental que los recursos presupuestados para educación se destinen efectivamente a las necesidades para las que fueron asignados, sin transferencias que debiliten la capacidad de respuesta del sistema educativo. La infraestructura escolar no es un asunto secundario, sino la base material de cualquier proyecto educativo serio.
El estudio de Jóvenes Unidos por la Educación nos convoca a una reflexión profunda sobre nuestras prioridades como país. No podemos aspirar al desarrollo sostenible si seguimos postergando las inversiones necesarias en nuestras escuelas y en el futuro de nuestros niños y jóvenes. La responsabilidad de las autoridades educativas es ineludible. Como sociedad, debemos exigir que se honren los compromisos con una educación oficial de calidad que todos merecemos.
El autor forma parte de Jóvenes Unidos por la Educación.
