La doctrina Tobar

Los ideales y pensamientos de grandes hombres y mujeres de América ya no se practican o se practican muy pocos. Muchos próceres han sido olvidados y algunos ni siquiera son conocidos. Leyendo nuevamente la magnífica obra Bolívar y las relaciones interamericanas del, maestro de juventudes Dr. Octavio Méndez Pereira, en el marco de la celebración del natalicio del Libertador (24/7/1783), me puse a investigar sobre la vida y trayectoria de importantes personajes, políticos, escritores y humanistas de nuestra América Hispana, seleccionando algunos de los países que he visitado y cuya historia siempre me ha interesado: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y México. La idea era conocer más acerca de las doctrinas de Derecho Internacional que deben ser aplicadas en las justas y correctas relaciones entre los pueblos. En la búsqueda de estos personajes, sus ideales y pensamientos, encabezados por supuesto por Simón Bolívar, destacan figuras como Benito Juárez, Domingo Faustino Sarmiento, José María Velasco Ibarra, Victor Raúl Haya de la Torre, Jorge Eliecer Gaitán y muchos otros americanistas que también merecerían ser mencionados y estudiados. Entre ellos me llamó poderosamente la atención la biografía de un político ecuatoriano que pareciera que pocos conocen. Se trata del Dr. Carlos R. Tobar y Guarderas (1853-1920), político, escritor, académico y diplomático y autor de la llamada “Doctrina Tobar”, la que motiva este escrito. Se trata de una magnífica y contundente exhortación hecha por Dr. Tobar en 1906, a la sazón Canciller del Ecuador en donde declara enfáticamente que los gobiernos latinoamericanos, en defensa de la legítima democracia, deben evitar dar reconocimiento a los gobiernos de facto, surgidos por la fuerza y los fraudes electorales.

La Doctrina Tobar sostiene y defiende que no se debe dar reconocimiento de ninguna clase a un gobierno surgido de un golpe de Estado, cuartelazo o fraude electoral. Tobar y Guarderas proyectó vehementemente su Doctrina en tiempos cuando, precisamente, casi toda América Latina era gobernada por gobiernos de facto. Este honesto político, que aspiró a ser presidente de su país por la vía democrática, creyó haber encontrado una solución al flagelo de la usurpación y de los gobiernos ilegítimos. Pero justamente, buscaba el remedio en el mismo mal, y no pudo hacer que su doctrina echara raíces y, lamentablemente proliferó en tierra estéril, donde los gobiernos ilegítimos se protegían unos a otros y se reconocían sin mayor dilación y complicidad, apenas consumado el acto de traición a las constituciones y a las voluntades de los pueblos.

Sin duda, cuando los gobiernos surgen por la fuerza y la traición a la voluntad popular, el pueblo pierde su soberanía. Tobar pensaba, con sobrada razón, que un gobierno legítima y democráticamente elegido, jamás sostendría relaciones de ninguna índole, con un gobierno surgido de la fuerza y el fraude. En su idealismo y honestidad, el político y diplomático ecuatoriano, no contó con la naturaleza humana que, en la mayoría de los seres humanos, es codiciosa, indolente y mezquina.

Hoy en día, América Latina está casi toda o a vías de estar gobernada por la elección directa, por el derecho a elegir y ser elegidos de sus ciudadanos en democracia. Los gobiernos de los Estados líderes de nuestra América Hispana, son dirigidos por gobiernos legítimos que han nacido de la voluntad popular, en lo que pareciera ser una feliz alianza de gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lo que resulta abominable es constatar que aquellos países latinoamericanos, cuyas historias políticas son heroicas y ejemplares en el logro de la hegemonía de la democracia y del derecho inalienable de los pueblos de determinar sus propios destinos; hayan echado de lado la voluntad de sus gobernados, para hacer prevalecer sus propias conveniencias y oportunas ventajas partidistas o personales.

Ningún gobierno ilegítimo puede ni debe ser apoyado o defendido por un gobierno de derecho en ninguna circunstancia. Son, precisamente, los gobiernos ilegítimos los que ponen en peligro la seguridad de los Estados de Derecho, cuando se rigen despóticamente eliminando la libre expresión del pensamiento y el derecho de elegir y ser elegido, que son delitos de Lesa Humanidad.

Los gobiernos de derecho que defienden y se hacen aliados de los gobiernos ilegítimos condenados por sus pueblos, son cómplices de ese delito de Lesa Humanidad, y tarde o temprano serán juzgados y sancionados por los pueblos libres que los eligieron.

El autor es abogado.

Carlos Alberto Voloj Pereira