Ha transcurrido casi un mes desde que el Gobierno Nacional, con la aprobación de la Asamblea, le impuso al país un contrato minero lesivo al interés nacional y con evidentes vicios de inconstitucionalidad. Esto, a su vez, ha desencadenado en una grave crisis política, la cual parece ir más allá del tema minero, confluyendo con factores socioeconómicos, la reclamación de derechos sociales y un hartazgo generalizado ante niveles altos de corrupción. Ante esta coyuntura, la respuesta estatal ha oscilado entre el silencio y la inacción.
Recientemente, ha circulado a través de fuentes no oficiales que el Gobierno Nacional ha calificado la situación que atraviesa el país como una “revolución molecular disipada” (teoría de conspiración). Lo anterior, aunado a las declaraciones vertidas por un personero del gobierno respecto a un posible “Estado fallido” y las señales enviadas por el Tribunal Electoral respecto a que no existían las condiciones adecuadas para la celebración de una consulta popular en el marco de la breve e infructuosa iniciativa de referéndum minero, me obliga, por propósitos de claridad, a hacer unos señalamientos puntuales y proponer desde la óptica de la democracia, los derechos humanos y la transparencia, lo siguiente:
Si en efecto estamos ante una situación de tal gravedad que algunos grupos buscan “tomarse” el poder como parte de una estrategia cuyo fin último es derrocar el sistema constitucional, lo que corresponde ante circunstancias tan apremiantes es, al menos, activar preventivamente la Carta Democrática Interamericana (CDI). El propio artículo 17 de la Carta dice que “cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”. En tales circunstancias, “el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer de visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación” para adoptar, mediante la apreciación colectiva, decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento (artículo 18).
La activación de la CDI le permitiría, a su vez, al Gobierno Nacional hacer frente al llamado que le formulara la Comisión Interamericana de Derechos – CIDH – y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, tendiente a que respete y garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, de conformidad con los estándares interamericanos. Siendo la democracia indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, las acciones a tomar en el marco de la CDI deben ser mancomunadas a las de la CIDH (artículos 7 y 8).
Es más, si verdaderamente se quiere aplacar la actual crisis política, el Gobierno Nacional debe estar a la altura de lo dispuesto en el artículo 4 de la CDI, el cual incluye entre los componentes fundamentales para el ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. Cada uno de estos componentes fundamentales de la democracia ha sufrido vejámenes sostenidos en el tiempo, acentuándose en la crisis actual. La democracia panameña se ha visto afectada por quienes detentan el poder, no por quienes protestan. Tampoco es del caso eludir la parte final del mismo artículo que proclama “la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia”, pues ha sido el desacato del Ejecutivo a un fallo emitido en derecho por la Corte Suprema de Justicia, y todo el secretismo, la opacidad y los conflictos de interés que plagaron el proceso de negociación del contrato minero, lo que nos ha llevado a donde estamos.
En ese sentido, vale la pena retomar la reflexión sobre la necesidad de establecer una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Los ejemplos de El Salvador, Guatemala y Honduras están lejos de la perfección y conozco las consecuentes afectaciones que una comisión como ésta podría tener en materia de soberanía. No obstante, cuando una empresa estatal extranjera adquiere un nivel aún mayor de participación en First Quantum, en medio de toda la crisis que enfrenta Panamá y muy pesar de lo que dispone el artículo 290 de la Constitución Nacional, se acrecienta la percepción de que la soberanía ya está siendo ultrajada.
Las consideraciones aquí presentadas parten de una profunda preocupación ciudadana por el futuro de nuestro país. Desde este espacio he insistido en que la democracia, los derechos humanos y la transparencia no son letra muerta, tienen un vínculo indisoluble en una especie de troika y en su conjunto son la brújula a través de la cual el Estado debe detentar su autoridad soberana. Ojalá, esta máxima se haga más evidente en el manejo de la actual crisis política que vive nuestro país.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
