El 3 de enero de 1990, el derrocado dictador Manuel Antonio Noriega se entregó a Estados Unidos. El día anterior, el gobierno panameño había decretado su degradación y destitución de la fuerza pública, eliminando así su rango de “general” (Decreto de Gabinete N°2 de 2 de enero de 1990).
Noriega llevaba 10 días asilado en la nunciatura apostólica (embajada de la Santa Sede), donde obtuvo refugio tras pasársela huyendo de las fuerzas estadounidenses desde el minuto mismo en que comenzó la operación “Causa Justa” (20 de diciembre de 1989). Semejante cobardía no se concilia con su discurso previo a la invasión.
Meses antes, blandiendo su machete como un enajenado, el tirano había asegurado que no daría “un paso atrás” ante las presiones de Washington. Poco antes de la invasión—el 15 de diciembre de 1989—ordenó a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos que declarara a Panamá “en un estado de guerra, mientras dure la agresión desatada contra el pueblo panameño por el Gobierno de los Estados Unidos de América.”
Unos cuantos mentecatos dieron valor a sus declaraciones y se aprestaron a la lucha, mientras el liderazgo de su narcoadalid se esfumó con el primer bombazo del ejército más poderoso del planeta.
La entrega de Noriega, 34 años atrás, fue el nada heroico epílogo de la dictadura instaurada el 11 de octubre de 1968, construida sobre represión, mentiras, narcocorrupción y apoyo estadounidense casi hasta la víspera de la invasión, como lo vimos en mi columna anterior (“Las causas de la invasión”, 20 de diciembre de 2023).
A pesar de las violaciones a los derechos humanos que cometió, del abuso de poder, de las malversaciones y atracos al erario, de la puesta del Estado y sus instituciones al servicio del crimen internacional y, sobre todo, de haber instigado la invasión estadounidense a través de sus bravuconadas chabacanas y amenazas huecas, hay quienes añoran la época dictatorial y reverencian a sus líderes, incluyendo al que traidoramente abandonó a sus tropas y se entregó al “yanqui opresor” el 3 de enero de 1990.
Más de uno tiene en su auto una calcomanía con la imagen de alguno de los narcodictadores. No solo eso: hay quienes sostienen que los golpes de Estado, como el que dio origen a la dictadura militar, son medios legítimos de alcanzar el poder y apoyan esa fórmula para conseguir sus objetivos políticos.
Semejante deformación es uno de los fracasos más grandes del período posterior al régimen militar. Curioso razonamiento, además, porque la fuerza pública (que da los golpes) ha sido, a lo largo de nuestra historia, el componente más corrupto del Estado panameño y los golpes militares, como el del 11 de octubre de 1968, en vez de erradicar la corrupción, lo que hacen es impulsarla con mayor intensidad.
Según el Latinobarómetro 2023, solo el 46% de los entrevistados panameños respalda la democracia sobre cualquiera otra forma de gobierno (La Prensa, 13 de diciembre de 2023). La medición de Cieps 2023 encontró que el apoyo es aún menor (37%).
Según Cieps 2023, al 45% de los entrevistados le da igual si el sistema de gobierno es democrático o no democrático (La Prensa, 15 de diciembre de 2023). Evidentemente, hay una gran desilusión en torno al sistema político de la postdictadura, cuya capacidad para resolver los problemas nacionales disminuye progresivamente, en proporción inversa a su potencial para promover la corrupción.
Para cualquier observador mínimamente lúcido era evidente que el sistema político evolucionaría como lo ha hecho, hacia mayores niveles de incapacidad y corrupción. La invasión estadounidense depuso al tirano del machete y las provocaciones, pero no cambió las estructuras políticas de la narcodictadura, las cuales se han mantenido sin mayor variación desde la época dictatorial.
La Constitución, el régimen electoral y la partidocracia vigentes tienen su origen en las entrañas de la tiranía castrense. Unos cuantos parches se les han puesto sin que hayan tenido el impacto transformador que anhelaba la ciudadanía que luchó en las calles por la democracia y que, en enero de 1990, se reunió masivamente afuera de la nunciatura apostólica para exigir la entrega del narcodictador.
Uno de los aportes más directos de la Constitución a la podredumbre institucional es el sistema de representantes de corregimientos. Analistas sesudos a lo largo del espectro ideológico, incluyendo marxistas como Humberto Ricord, han coincidido que ese sistema, instaurado por los ideólogos de la dictadura, en 1972—y que nadie ha querido a eliminar—es uno de los principales focos de clientelismo y corrupción.
Otros aspectos constitucionales y electorales, como un período demasiado largo para todos los cargos (5 años) y elecciones simultáneas para todos los puestos en circunscripciones predominantemente uninominales, sin segunda vuelta, operan en contra de la voluntad popular genuinamente expresada, así como para promover los peores vicios de la dictadura, ahora instaurados como políticas de Estado.
En las pocas elecciones plurinominales, donde debería imperar el sistema proporcional, se aplica una fórmula perversa para calcular el residuo. Esa fórmula, por cierto, fue “corregida” en 1993 sobre la base de lo que la dictadura había impuesto en 1984 y determina que, para llenar las vacantes que permanezcan luego de la asignación de curules por cociente y medio cociente, se usen los votos ya empleados para determinar la asignación de escaños en la primera y segunda distribución.
O sea, se cuentan dos veces los mismos votos. Como resultado, en 2019 fueron nombrados 12 diputados por residuo, a quienes no les correspondía el cargo; 11 de ellos son del PRD.
En síntesis: el 3 de enero de 1990 se fue el dictador, pero, 34 años más tarde, aún perdura su legado y el de sus antecesores. La frustración que genera el sistema político heredado de la dictadura lleva a muchas personas a dudar de la democracia y favorecer el autoritarismo. Ese es un peligro para nuestro país.
El autor es politólogo e historiador, director de la Maestría en Asuntos Internacionales en Florida State University, Panamá y presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá
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