En el Reino Unido, en 2011 se realizó un ensayo aleatorizado controlado con el objetivo de evaluar si pequeñas modificaciones conductuales en las cartas de aviso para el pago de impuestos podían mejorar significativamente el cumplimiento tributario entre los contribuyentes morosos. Se enviaron cartas por correo postal a más de 200,000 ciudadanos que no habían pagado en el plazo establecido, seleccionados de manera aleatoria. Algunos de los mensajes decían: “9 de cada 10 personas en el Reino Unido ya han pagado sus impuestos” o “Tus impuestos ayudan a financiar servicios públicos esenciales como escuelas y hospitales”. Uno de los resultados fue la recaudación de £3.2 millones en los primeros 23 días gracias a esta intervención.
Por otro lado, en 2018, el gobierno de Finlandia lanzó un curso gratuito desarrollado por la Universidad de Helsinki y la empresa tecnológica Reaktor. El experimento, llamado Elementos de Inteligencia Artificial (IA), buscaba formar al 1% de la población en fundamentos de IA, introduciendo conceptos como aprendizaje automático, redes neuronales, entre otros. Al inicio, más de 250 empresas anunciaron su participación. Entre los logros del experimento destaca que un millón de estudiantes se registraron en el curso, con graduados provenientes de 170 países, y que el 40% de los participantes fueron mujeres (más del doble del promedio en cursos de ciencias de la computación).
Ambos casos son ejemplos de experimentación en política pública. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la experimentación se refiere a la implementación intencionada de políticas públicas, ideas o intervenciones a pequeña escala y/o temporales, diseñadas para probar los resultados de nuevos enfoques e informar la toma de decisiones con base en evidencia. Este enfoque permite a los formuladores de políticas conocer qué funciona, qué no y por qué. Además, tanto los servidores públicos como otros actores involucrados pueden aprender de los resultados obtenidos y contribuir así a generar soluciones a grandes retos globales.
Hoy en día, varios gobiernos en el mundo están promoviendo la experimentación a través de espacios como:
Laboratorios de políticas públicas, que permiten la exploración interdisciplinaria y la innovación en la formulación, implementación y evaluación de políticas; más que laboratorios, son verdaderos ecosistemas.
Sandboxes, que fomentan la innovación dentro de un entorno seguro, bajo la supervisión de un regulador, con mayor flexibilidad y menor riesgo para los consumidores finales.
Living labs, que impulsan la innovación abierta mediante proyectos concretos y actividades con participación comunitaria.
En Panamá no contamos con laboratorios de experimentación, ni con sandboxes ni living labs. No obstante, la OCDE recomienda que, para promover la experimentación en ciencia, tecnología e innovación, los formuladores de política pública pueden:
Primero, priorizar la experimentación como una estrategia central, es decir, adoptarla como un mecanismo clave para abordar desafíos complejos e incorporarla en los marcos nacionales de ciencia, tecnología e innovación.
Segundo, desarrollar una hoja de ruta clara sobre los tipos de experimentación y sus objetivos, definiendo, por ejemplo, si se tratará de programas piloto, ensayos aleatorizados, etc., y cómo se alinean con metas más amplias como la transición energética o la soberanía alimentaria.
Tercero, asegurar apoyo político y financiero a largo plazo para escalar los experimentos exitosos, mediante esquemas de financiamiento plurianuales y la vinculación de actores clave desde el inicio.
Cuarto, abordar barreras sistémicas estableciendo una gobernanza intersectorial con grupos como consejos de asesores que faciliten la coordinación y toma de decisiones.
Quinto, reducir la fragmentación y mejorar la coordinación, enfocándose en áreas prioritarias que estén alineadas con los objetivos nacionales.
Sexto, diseñar marcos de experimentación adaptables y escalables, que permitan su personalización a contextos locales sin perder los principios fundamentales que garantizan su replicabilidad.
El autor es jefe de Políticas Científicas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).
