En agosto del 2012, camiones de la empresa Transcaribe Trading (TCT), propiedad de David y Daniel Ochy, bloquearon de madrugada el edificio de La Prensa. Este ejercicio “vaquerístico” impidió, por espacio de tres horas, la entrega de los periódicos a los distribuidores. El bloqueo no fue levantado hasta después de la llegada “salvadora” del hoy expresidente, Ricardo Martinelli, quien, desplegando todo su poder, ordenó a los camiones retirarse.
La empresa TCT y sus dueños fueron, previa y posteriormente al bloqueo, portada de varios reportajes sobre corrupción en los proyectos de infraestructura que habían ganado en el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Martinelli, cuyo ministro era José “Pepe” Suárez.
El evento no tuvo consecuencias legales para los responsables. El infame juez Leslie Loaiza se encargó de cerrar las investigaciones, dejando en impunidad este burdo ataque a la libertad de expresión. Sin embargo, todos los involucrados del momento, Martinelli, Suárez, y los Ochy, enfrentan hoy la justicia por diversos casos de corrupción revelados en su momento por el diario La Prensa.
El viernes, en un episodio digno de una película de Cantinflas, el Ministerio de Trabajo (MITRADEL) se presenta con once inspectores en las oficinas de La Prensa para “investigar” una denuncia presentada por un “sindicato” de periodistas cuyo dirigente, Filemón Medina, trabaja en el Ministerio de Comercio.
El espectáculo montado estuvo antecedido por un burdo ejercicio periodístico por parte de la televisora estatal SerTV y la televisora de Martinelli, Next TV; quienes llegaron a la escena antes que los mismos inspectores, para cubrir un operativo que supuestamente era generalizado y rutinario.
El burdo operativo solo pudo ser superado por un ejercicio todavía más ridículo, en el que los inspectores se presentaron en La Estrella de Panamá, a montar un espectáculo parecido y disfrazar la amenaza en contra de la libertad de expresión con un “operativo” en diversos medios de comunicación. No hay información sobre otros medios de comunicación que hayan recibido la desagradable visita.
¿Quién asume la responsabilidad por esta amenaza a la libertad de expresión? El inspector Carlos Landero, quien parece ser un presentador más de Next TV, el viceministro de trabajo Roger Tejada, quien trató de articular un argumento tan ridículo como trasnochado durante la improvisada inspección a La Estrella de Panamá. El vicepresidente José Gabriel Carrizo, a quien el periódico contactó por una investigación, pendiente de ser publicada en La Prensa. O el presidente Laurentino Cortizo, quien firmó ante la comunidad internacional las declaraciones de Chapultepec y de Salta sobre libertad de prensa y de expresión.
Este ejercicio fútil, para tratar de intimidar a los medios, lo único que logra es desprestigiar la actual administración. La Prensa ha enfrentado presiones mucho más fuertes, en dictadura y en democracia, incluso exponiendo la vida y bienes de los periodistas, administrativos y directivos, sin que esto haya tenido influencia en su línea editorial.
El presidente Cortizo debe tomar medidas públicas y enérgicas en contra de los responsables de este atentado en contra de la libertad de expresión. El mensaje debe ser alto y claro para desincentivar a cualquier funcionario, socio o seguidor de volver a amenazar a un medio o periodista. La alternativa es cargar personalmente con la responsabilidad, local e internacional, de atentar contra uno de los principales pilares de la democracia.
La autora es conductora de Sal y Pimienta y miembro de Movin
AFRIK TATTO CONVENTION
PANAMA GREEK FEST
14° Festival Internacional de Artes Escénicas
Obra de Teatro "Pinocho"
