Todo comenzó en los últimos meses de 2019, cuando un puñado de empresarios turísticos e inmobiliarios acordaron impulsar una ley para aumentar los ya generosos incentivos fiscales de la Ley 80 de 2012. Estos esfuerzos resultaron en la Ley 122 de 31 de diciembre de 2019.
Sin embargo, esta ley estuvo viciada desde su origen y fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad.
El primer error garrafal fue que la misma había sido prohijada por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos y no por la Comisión de Economía y Finanzas, como lo exige el artículo 55 del Reglamento Interno de la Asamblea. Este reglamento forma parte del bloque de constitucionalidad, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, y su transgresión, por lo tanto, representa una violación a la Constitución Nacional. Además, nuestra Carta Magna dice, en su artículo 276, que la Asamblea no puede aprobar leyes que modifiquen el presupuesto del Estado sin un informe previo de la Contraloría y este nunca se presentó.
Estos dos gravísimos errores sirvieron de fundamento para una acción de inconstitucionalidad presentada el 15 de febrero de 2022 y el 24 de marzo de 2022 recibió la opinión favorable del procurador general de la Nación. La Corte no se ha pronunciado todavía.
Por otro lado, la Ley 122 otorgaba incentivos fiscales de una cuantía exorbitante y cambiaba la naturaleza misma y el alcance del incentivo fiscal contenido en la Ley 80 de 2012. La Ley 122, aprobada sin consultar a los gremios del sector y sin presentar estudios del Ministerio de Economía y Finanzas, cambió un gasto deducible del 50 % de la inversión a un crédito fiscal negociable del 100 % de la inversión.
En ambos casos, la inversión se refiere a valores emitidos por una empresa turística. Esta modificación tendría un efecto significativo sobre el presupuesto del Estado.
En vista de estos vicios y abusos, la reacción de los ciudadanos pensantes del país no se hizo esperar. Comenzó así una dura batalla, que aún continúa, para derogar esta nefasta ley que escaso bien le hace a la República. Fue la Cámara de Comercio, a través de sendos comunicados del 16 de agosto de 2021 y del 19 de mayo del presento año, que se dio inicio a una avalancha de críticas en la prensa, radio y televisión a la mencionada ley. También se destaca la carta pública enviada al presidente, el 30 de abril, por un grupo de respetables ciudadanos de las más variadas profesiones y diversas afiliaciones políticas. Finalmente, la Asamblea y el presidente se vieron obligados a corregir ese adefesio jurídico y emitieron la Ley 314 de 20 de junio, que de un plumazo redujo el crédito fiscal de 100 % al 60 %.
Sin embargo, la Ley 314 contenía un parágrafo transitorio, agazapado al final del primer artículo, que mantenía el beneficio del 100 % a las empresas que hubiesen completado ciertos requisitos. Es decir, un vulgar intento de salirse con la suya y burlar el clamor ciudadano que exigía la derogación total y definitiva de la Ley 122 y, como era de esperar, el descontento popular y la crítica de los gremios continúo con mayor brío. Así pues, el 18 de julio, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel), la organización empresarial que supuestamente más se beneficiaría con esta ley, le dio una estocada mortal en un comunicado en el que solicitó la inmediata derogación de las leyes 122 y 314. Por cierto, la Ley 314 también ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad.
Entre tanto, recordemos que el mes de julio fue el escenario de múltiples disturbios, producto de las mayores manifestaciones ocurridas en el país en los últimos 35 años. El resultado de este movimiento popular fue el establecimiento de la llamada mesa de diálogo, que reunió al Gobierno nacional y a los grupos en rebeldía con miras a solucionar los puntos en discordia. Y, precisamente, una de las demandas fue la derogación de las leyes 122 y 314. El mandatario no pudo resistir tanta presión y el 27 de julio ordenó derogar estas polémicas leyes (era también la concesión más fácil de hacer). El 1 de agosto, el ministro de Comercio presentó el proyecto de ley correspondiente.
Pasaron las horas, los días, las semanas... y la Asamblea , en abierto desafío al presidente de la República, a los gremios del sector turismo y a la ciudadanía en general, ignoraba por completo la solicitud y, a la fecha, el proyecto de ley presentado el 1 de agosto no ha pasado el primer debate en la Comisión. Todo lo contrario: a los 10 días de haberlo recibido, la Asamblea celebró una reunión con los empresarios impulsores de las leyes, esas que tanto rechazo han recibido de múltiples sectores del país. Es evidente que algo se estaba cocinando.
El 7 de septiembre saltó la liebre. El diputado Melchor Herrera (el mismo que propuso la Ley 314) presentó el proyecto de ley 102, “que establece disposiciones fiscales para los rubros contemplados en la Ley 80 de 2012 y dicta otras disposiciones”. Obsérvese que no utiliza el término incentivos turísticos, pareciera que quiere pasar desapercibido; pero una rápida lectura del proyecto 102 revela que, aunque le hace algunos cambios a la Ley 314, mantiene el crédito fiscal entre 60%-100 %. Es pues, en realidad, un subterfugio para mantener vigente los exorbitantes beneficios repudiados por la ciudadanía, los gremios, el Gabinete y el presidente. Y, por eso, precisamente, correrá la misma suerte que las que la antecedieron en esta increíble y accidentada historia.
Panamá no necesita más leyes de incentivos turísticos. Lo que necesita a gritos son más turistas y eso se consigue con más promoción; no necesita más cuartos de hotel, cuando 23% de las habitaciones permanece cerrada. Necesita mejor infraestructura hacia y en los puntos de interés turístico; no necesita más incentivos fiscales para los grandes empresarios turísticos e inmobiliarios, necesita más oportunidades de desarrollo para el pequeño y mediano emprendedor turístico.
En fin, Panamá necesita una política sensata que escuche las recomendaciones de los gremios del sector y atienda las necesidades de la mayoría del pueblo panameño.
El autor es empresario turístico.
