La informalidad laboral es una condición que experimentan los trabajadores, la mayoría de las veces por no tener otra opción, y en ocasiones por conveniencia o hasta por complicidad con el empleador, lo que los lleva a prestar sus servicios sin un contrato formal. Normalmente, esto implica no contar con seguridad social ni contribuir al fisco nacional, lo cual, a su vez, les impide gozar de protecciones y tener los mismos derechos que un trabajador formal. En todo caso, nunca se puede considerar que el resultado de esta situación sea de suma cero, porque lo que pierde la economía en su conjunto es mucho mayor que lo que pierde cada sector individual. Con la informalidad, perdemos todos.
Las causas de la informalidad son variadas y, por su complejidad, no se pueden resolver por decreto. Van desde la falta de oportunidades, la mayoría de las veces por insuficientes calificaciones, hasta factores macroeconómicos externos o políticas públicas desfasadas de la realidad nacional, que incentivan la migración hacia una economía cada vez más informal.
Las repercusiones de un aumento sustancial de la informalidad, especialmente cuando no es voluntaria, suelen ser importantes y trascender al funcionamiento de todo el modelo económico. Esto lleva a un incremento de la desigualdad, una mayor evasión fiscal, limita el acceso a mejores sistemas de salud, e inhibe el logro de mayor productividad y competitividad nacional e internacional, afectando así los ingresos familiares, su capacidad de consumo y, en definitiva, el crecimiento y desarrollo económico-social del país.
Para comprender la complejidad de la informalidad, por la multiplicidad y variedad de factores que pueden incidir en ella, intentaré resumir el caso panameño. Este resulta especialmente interesante de analizar, ya que, aun en plena bonanza económica, Panamá experimentó un proceso ininterrumpido de informalización del empleo por razones que van más allá de la insuficiencia de capacidades laborales y que, además, hasta la fecha no se ha podido revertir.
A partir de 2004 y por cerca de tres quinquenios, Panamá disfrutó de una bonanza económica sin precedentes. En pleno boom económico y bajo la regulación vigente de ajustes periódicos del salario mínimo, establecidos en la Ley 51 de 1959 y el Código de Trabajo, se fija la obligatoriedad de aumentar los niveles salariales cada dos años. Este aumento se realiza en base a las recomendaciones de una Comisión Nacional de Salario Mínimo, pero, en última instancia, es el Ejecutivo quien los fija mediante Decreto Ejecutivo, en este caso por regiones y sectores económicos.
En diciembre de 2011 y luego en 2013, se incrementaron los salarios mínimos para los cuatro años de vigencia entre ambos ajustes, para las Regiones 1 y 2, en un 30% para las provincias menos desarrolladas y un 50% para las regiones más grandes y desarrolladas. Esto representó un punto de inflexión para la economía nacional, ya que los salarios se fijaron de forma desproporcionada en comparación con los bajos niveles de inflación y productividad que imperaban en el país, cambiando así sustancialmente las estructuras de costos de las empresas formales. Posteriormente, se continuaron haciendo ajustes adicionales para llevar los salarios mínimos a $563 y $721 respectivamente en 2019, los más altos de la región. Estos incrementos, sin una correspondiente mejora en la productividad del trabajo, generaron una inevitable reacción en todo el sector privado, que buscó aminorar los impactos que no podían ser trasladados vía precios. Esto impactó la cantidad y calidad del empleo, exacerbado además por el largo período de inactividad económica y social durante la pandemia.
El proceso de incremento de la informalidad en Panamá, que duró más de una década, elevó la tasa del 36.9% en 2012 al 46.9% en 2019, y luego hasta el 52.8% en 2020, estabilizándose en torno al 48% en los últimos cuatro años. A su vez, la empresa privada comenzó a perder dinamismo como generador de empleo, al pasar la población ocupada por este sector del 48.6% en 2013 al 37.2% en agosto de 2023, según las últimas cifras disponibles. Esto hizo que más personas se dedicaran al trabajo por cuenta propia, trabajos familiares o funciones públicas, sectores que terminaron ocupando los puestos liberados por el sector privado. Aunque pueda parecer que un incremento del 10% en la informalidad no es alarmante, hablamos de más de 400 mil personas adicionales que pasaron a esta condición, la mayoría de manera no voluntaria ni con intenciones de ser emprendedores. Hasta agosto de 2023, 765 mil personas (sin incluir el sector agrícola) no habían encontrado espacio en la economía formal.
Sin duda, el tema laboral, más allá de la informalidad, requiere atención particular y prioritaria. Sería conveniente estructurar un Plan Nacional de Empleo, basado en un nuevo modelo de colaboración conjunta entre los diversos sectores, que incluya soluciones novedosas, políticas y medidas concretas para revertir las tendencias regresivas que han venido afectando la calidad y cantidad del empleo, y que promuevan el mayor desarrollo económico y social del país.
El autor es economista con maestría en Blockchain & Fintech
