La inseguridad es sin duda un problema muy complejo, donde se hace necesario establecer puntos de análisis y reflexión de este fenómeno social que no cuenta con soluciones fáciles ni inmediatas, sino procesos sistemáticos de largo alcance que permitan observar las diferentes aristas del problema y los hechos relacionados con ese problema.
No pretendo con este escrito decir a los lectores cómo se debe hacer para neutralizar las bandas y llevarlas s a buen recaudo ante la justicia, cosa que la Policía Nacional está realizando actualmente, sino entender el fondo de lo que estamos viviendo y el por qué de la preocupación ciudadana.
La “bukelemanía” domina el escenario donde gran parte del imaginario social de ese país y fuera de él ven sus métodos como la solución a los problemas de las bandas (caso maras), causante de los hechos de violencia que se producían en El Salvador y que convirtió a esa nación, junto a Honduras y Guatemala del triángulo norte, como la zona más violenta del mundo. La mayoría de la población panameña cree que ese estilo es el efectivo y que, con su aplicación, se resuelve el problema de la inseguridad de una vez por todas. Es decir, no más sicariato, tráfico de drogas, trata, etc.
Me parece que es una estrategia de corto plazo que funciona para la tranquilidad ciudadana, acción que trasciende las fronteras de ese país y que ha llevado al presidente Bukele a un nivel de popularidad no solo en su país, sino a nivel internacional. Quiero aclarar que no critico sus medidas, me apoyo en un estricto pensamiento crítico para sacar las mejores conclusiones de un problema social con altos impactos emocionales en la población panameña.
Lo primero que debemos analizar es si la violencia en El Salvador es igual a la de Panamá y si los métodos que se aplican serían efectivos en nuestro país. En principio sí, pero la justicia nuestra, ¿estaría de acuerdo a ese método aplicado por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, para imitar lo del El Salvador? Sería buena escuchar la opinión de la Corte Suprema sobre esto.
Muchos de los que leerán este artículo me criticaran por mi opinión, porque es tal la preocupación y frustración ciudadana, que cualquier opinión en contracorriente de su pensamiento es inaceptable. Lo entiendo, no cuestiono el método Bukele, pero me pregunto, ¿será sostenible en el tiempo? Como ciudadano, no estoy exento de este malestar; sin embargo, no todo es represión porque la fábrica de producción de bandidos antisociales no se detendrá en la medida que la desigualdad e inequidad sean factores determinantes en la inseguridad de un país y en la que se evade de forma preventiva la atención a este problema. Por eso la política criminológica y el proyecto de ley de extinción de dominio son piezas fundamentales para la prevención del delito y un mecanismo para cortar la yugular económica de los delincuentes que han obtenido dinero ilícitos.
Mi análisis es con pensamiento estratégico y no de carácter operativo; no soy policía de formación, por lo tanto, no puedo decirle a la fuerza pública cómo actuar operativamente, reconociendo que están haciendo lo que les corresponde como autoridad de cumplimiento de la ley.
El factor narcotráfico es la principal fuente del problema de la violencia en Panamá. Las bandas nuestras se han especializado y han establecido relaciones estratégicas de conveniencia mutua con organizaciones criminales internacionales de alto perfil, donde el objetivo último es garantizar el trasiego de droga hasta su destino final.
Aunque no logren alcanzar las inmensas fortunas que obtiene el crimen organizado internacional, si logran lo suficiente para lavarlo y legitimarlo en adquisición de bienes muebles e inmuebles y sobrantes para costear actividades de sicariato, compra de conciencias(corrupción) y todo lo que impida detener el “negocio”.
No soy experto de nada, pero sí estudioso del fenómeno que me enseñó el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá durante los años que laboré en su recinto.
Comparto totalmente la preocupación ciudadana, en la que el Estado debe garantizar, como objetivo nacional, su paz y bienestar. Hablo del Estado, porque en ella se suma todos los actores y no solo la “policialización” de la seguridad pública como elemento determinante para controlar la criminalidad.
El autor es estudioso del tema de la seguridad
