El informe de la Junta Técnica Actuarial (JTA) sobre la situación de la Caja de Seguro Social (CSS), fechado el 31 de mayo de 2024, correspondiente al periodo terminado el 31 de diciembre de 2021, indica que muchas de las deficiencias presentadas en los informes de 2018, 2019 y 2020 persisten e incluso se han agravado. Además, hace revelaciones alarmantes que deben ser atendidas con urgencia.
Con relación al déficit del Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), declara que enfrentaremos $14,000 millones de dólares en déficits durante los próximos 10 años. Advierte que el tiempo se ha agotado y que, si no se toman medidas correctivas, habrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país.
El informe también revela que, a pesar de que se siguen pagando las pensiones, se cuestiona seriamente la procedencia de los fondos, ya que los fondos legales del SEBD deberían haberse agotado. Se sugiere que esto podría deberse a pagos de deudas con otros subsistemas y programas que aparecen en la cuenta de “Saldos Créditos por Distribuir”. Si esto es así, “se podría convertir en una situación aún más delicada”, por lo que se insta a la Junta Directiva y al Órgano Ejecutivo a revisar urgentemente esta grave situación.
No solo se trata de que los déficits son crecientes e inmanejables, sino que se indica que, a la fecha de emisión de este informe, las pensiones del SEBD podrían estar siendo pagadas con fondos provenientes del Subsistema Mixto y otros programas. ¿Cómo es posible esto cuando la ley lo prohíbe taxativamente en sus artículos 102 y 157 de la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005?
El artículo 102 establece: “Cada fondo que se constituye para el financiamiento de los riesgos contemplados en la presente Ley, no podrá ser utilizado para cubrir gastos de otros riesgos ni servicios ajenos a la Institución” y obliga al director general a reportarlo a la Junta Directiva junto con las medidas correctivas.
Por su parte, el artículo 157 es aún más categórico al indicar: “Los fondos de cada Subsistema no podrán ser empleados para cubrir gastos del otro Subsistema, ni podrán transferirse recursos de uno a otro”.
La JTA explica que, a diciembre de 2021, los fondos legales reportados del SEBD eran de $1,101 millones de dólares. Los fondos legales incluyen los aportes de las cuotas y los rendimientos de las inversiones, menos los pagos a los jubilados. También se indica que los activos deben ser iguales o casi iguales a los fondos legales. En el caso del SEBD, los activos suman $2,508 millones de dólares, es decir, hay $1,407 millones de más que no le corresponden y que pertenecen al Subsistema Mixto y a otros programas. Esto se cuadra con una cuenta del pasivo denominada “Saldos Créditos por Distribuir”. Pero esto no termina allí. Los rendimientos de estos activos se quedan en el SEBD cuando deben ir al Subsistema Mixto y a otros programas.
Revisando el Balance de Situación del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) un año después, a diciembre de 2022, se observa que el SEBD tiene activos por $2,124 millones, mientras sus Fondos Legales son de apenas $348 millones, es decir, una diferencia en activos de más de $1,776 millones de dólares que debe al Subsistema Mixto y a otros programas. Esto se cuadra contablemente con la cuenta por pagar de Saldos Créditos por Distribuir por la suma de $1,766 millones, cifra casi igual a la diferencia de Activos menos Fondos Legales.
El problema de las cuentas Débitos y Créditos por Distribuir es conocido y aceptado por la administración y ha sido mencionado en los informes de la JTA desde el informe de 2018.
Ha existido una falta de transparencia y responsabilidad por parte de la Junta Directiva, la administración de la CSS y el Ejecutivo representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual, ante la gravedad del caso, es totalmente inaceptable.
Es un tema muy delicado y serio, y deben responder al país por las consecuencias que esta acción va a provocar.
El autor es consultor
