La democracia en Panamá enfrenta una prueba de fuego, y la Corte Suprema de Justicia se halla en el centro de la arena, con la mirada de todo el país fija en sus magistrados. En un momento donde la claridad y rapidez de la justicia son más necesarias que nunca, resulta inaudito e inaceptable que miembros de nuestra más alta corte contemplen la posibilidad de ausentarse por vacaciones en lugar de atender con prioridad máxima la urgente tarea que tienen en sus manos.
Seamos claros: no hay lugar para dilaciones ni excusas. El debate sobre la validez de un candidato a la presidencia, a solo 14 días de las elecciones, ha sumido el proceso electoral en la incertidumbre, y la Corte tiene el deber inaplazable de actuar en los próximos días. La Nación espera una decisión judicial pronta y fundamentada, una que refleje la solidez y la imparcialidad del tribunal. Una actuación equívoca, como la de no fallar en tiempo oportuno o hacerlo a través de los suplentes, sería visto por la ciudadanía como un claro incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
Llama poderosamente la atención y genera suspicacias que varios magistrados se dispongan a tomar vacaciones simultáneamente en un momento crítico. La República exige de sus servidores judiciales el más alto grado de compromiso, especialmente cuando están llamados a resolver asuntos de tal magnitud. Ausentarse en estas circunstancias es un acto de irresponsabilidad que no podemos ni debemos tolerar. Esconderse detrás de los suplentes o postergar decisiones es renunciar a la responsabilidad por la que han sido investidos.
Esta actuación esquiva de la Corte, aunada al comportamiento de los Órganos Legislativo y Ejecutivo, amenaza directamente la institucionalidad de la democracia. No es solo la figura de un candidato lo que está en juego, sino la legitimidad misma del proceso electoral y la confianza en el sistema de gobernanza. El silencio o la inacción de la Corte, ante este desafío, resuena como un eco perturbador en los pasillos de nuestra democracia, un eco que cuestiona si las estructuras establecidas funcionan para el pueblo o están fallando ante él.
Panamá ha depositado su confianza en los actuales magistrados para rescatar la integridad de la justicia, una confianza que se ha visto mermada por las acciones de sus predecesores. Los ciudadanos esperan valor y determinación, esperan que bajen el mazo con una resolución que no albergue duda alguna sobre su fundamento constitucional.
Este es el momento de hacer historia y de demostrar que la justicia en Panamá no es un ideal lejano, sino una realidad tangible. La Corte debe actuar de forma inmediata y transparente, con la solemnidad y el rigor que su papel constitucional demanda. Cualquier acción menor sería una traición no solo a la Constitución, sino a cada panameño que cree en el Estado de Derecho.
El mensaje es claro y tajante: los magistrados de la Corte deben permanecer en sus puestos y resolver con presteza el limbo electoral. Panamá no merece menos. La justicia no toma vacaciones.
