Actualmente, los movimientos ambientalistas y las organizaciones ecologistas están cada vez más alineados en torno a una visión común: la justicia social como el núcleo de nuestra agenda. Esta visión integradora reconoce que la sostenibilidad ambiental y humana son inseparables, y que el avance hacia un futuro más justo y equitativo solo puede lograrse abordando simultáneamente los desafíos económicos, ecológicos y sociales.
Las poblaciones marginadas, como las comunidades indígenas, las minorías étnicas y las personas de bajos ingresos, tanto en las áreas rurales como suburbanas, tienden a vivir con mayor exposición a la contaminación, la deforestación, la pérdida de recursos naturales y otros impactos ambientales negativos. Sin embargo, ante los desastres naturales más recientes sobre ciudades y poblaciones enteras de todos los niveles sociales, la justicia ambiental debe asegurar que todos los individuos, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a un entorno limpio y saludable, con acceso a recursos comunes como el agua y que, en caso de desastres naturales, sus modos de vida sean restablecidos de manera equitativa.
Las organizaciones ambientalistas contemporáneas abogan por políticas que integren la justicia social y ambiental, reconociendo que la lucha contra el cambio climático y la protección del planeta deben ir de la mano con la justicia económica y social. Las demandas de estos movimientos incluyen la transición hacia una economía baja en carbono de manera equitativa y justa, asegurando que las comunidades más vulnerables sean apoyadas en el proceso de adaptación al cambio climático. Igualmente, promueven las soluciones basadas en la naturaleza, la restauración de los ecosistemas, la responsabilidad extendida de los productores, la gestión ambientalmente correcta de los desechos y el reciclaje, la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.
La implementación de energías renovables de amplio alcance, transporte público sostenible, ecoturismo y políticas de gestión y conservación de recursos naturales son ejemplos de cómo los gobiernos buscan un desarrollo equitativo y sostenible a través de políticas públicas.
Nueva Zelanda ha adoptado el “Wellbeing Budget” que prioriza la salud mental, la reducción de la pobreza infantil y la lucha contra el cambio climático, demostrando que el crecimiento económico y la justicia social pueden ir de la mano. La Comisión Europea ha lanzado el Pacto Verde Europeo, un ambicioso plan para transformar la economía de la UE hacia la sostenibilidad. Este pacto incluye la meta de alcanzar la neutralidad climática para 2050 y contempla una transición justa, garantizando que los trabajadores y comunidades afectados por la transición energética reciban apoyo adecuado.
Las Naciones Unidas han subrayado la importancia de un enfoque basado en los derechos humanos para abordar los desafíos ambientales. Esto incluye el derecho al agua potable, a un medio ambiente saludable y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
En América Latina y el Caribe, el Acuerdo de Escazú es un ejemplo destacado de cómo la justicia social y ambiental pueden integrarse en un marco legal vinculante. Este acuerdo regional garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, protegiendo a las comunidades y defensores del medio ambiente. Panamá ratificó el Acuerdo el 27 de septiembre de 2018 y presentó la ley 125 el 4 de febrero de 2020, que convierte el acuerdo de Escazú en ley de la república.
Reconociendo que la sostenibilidad ambiental y humana son interdependientes, todos los actores debemos trabajar juntos para promover prácticas, al igual que políticas, que aborden las desigualdades sociales y protejan el medio ambiente. La lucha por un futuro más justo y sostenible requiere un compromiso integral que coloque a la justicia social en el corazón de todas las acciones y decisiones ya que a través de la colaboración y la implementación de políticas inclusivas, será posible construir un país y un mundo donde tanto las personas como el planeta podamos prosperar. Este enfoque integrador asegurará que nadie se quede atrás en el camino hacia un futuro más sostenible y equitativo, destacando la importancia de la solidaridad y la responsabilidad compartida en la protección de nuestra casa común.
El autor es ecologista.
