El pasado 2 de octubre de 2023, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 2699 sobre la cuestión de Haití. La resolución aborda las acciones violentas, desestabilizadoras y delictivas de grupos armados y bandas haitianas, en el interés de crear un entorno seguro en Haití que permita el respeto a los derechos humanos, propicie el Estado de derecho y facilite la entrega de ayuda humanitaria. La misma se sustenta en la resolución 2653, en donde se catalogó como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales de la región, los niveles extremadamente altos de violencia de las bandas y otras actividades delictivas, así como los flujos financieros y armas ilícitos.
Ante esta realidad, los Estados miembros del Consejo tomaron la decisión (con la abstención de China y Rusia), actuando en base al capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, de autorizar la formación y el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, por un período inicial de 12 meses, para prestar apoyo a la Policía Nacional de Haití en contrarrestar las bandas y mejorar las condiciones de seguridad en el país, así como garantizar la seguridad de infraestructuras críticas y lugares de tránsito. Se trata de una misión multinacional ajena a la ONU, pero autorizada por el Consejo de Seguridad.
Se trata de un episodio más de la larga saga de la comunidad internacional por intentar estabilizar Haití. La misión multinacional de seguridad no es una misión de mantenimiento de paz típica. Su conformación y sus objetivos materiales responden a una realidad cambiante, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales contemporáneas revisten de distintas formas y, en consecuencia, requieren de respuestas diferenciadas. Por su naturaleza, esta misión es muy distinta a la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, que operó en ese país de 2004 a 2017, a quienes muchos atribuyen el brote de cólera y en la que Brasil y Chile jugaron un rol de liderazgo. En esta ocasión, Kenia se ha ofrecido a liderar la misión multinacional de seguridad.
La situación en Haití requiere en estos momentos del apoyo de la comunidad internacional ante las limitadas capacidades del ejército y de la policía haitiana de hacer frente a la violencia de pandillas. Se requiere de mejor seguridad y de la entrega de ayuda humanitaria; es una crisis sin precedentes. Entre enero y septiembre de este año se reportan más de 3,000 homicidios y más de 1,500 secuestros. La situación de violencia generalizada debido a las bandas ha llevado a que más de doscientas mil personas sean desplazadas de sus hogares.
Esta crisis de seguridad en Haití ha venido precedida de un magnicidio, del debilitamiento de las instituciones democráticas, de violencia generalizada, de desastres naturales, crisis sanitarias e improntas autoritarias. Esta realidad, a su vez, nos permite matizar lo difícil que puede ser lidiar con las causas de origen de la migración. Sólo es necesario hacer memoria y recordar los llamados que hacía Panamá para que se lidiara con las causas de origen de la migración haitiana que afectó a la región hace poco más de dos años. Brasil y Chile, quienes habían cargado con el peso de la misión de la ONU en Haití, recibieron un número considerable de migrantes haitianos, pero ante la falta de políticas públicas para su integración en las comunidades de acogida, no se dieron abasto y se inició un éxodo de haitianos hacia Estados Unidos de América.
La realidad es que se trata de una situación muy compleja, lo cual debe invitar a que países como Panamá abandonen el ámbito discursivo e incursionen en el ámbito operativo. Actualmente, los principales actores parecen ser Kenia y el Caricom, pero debido a su historia reciente otros actores del hemisferio podrían involucrarse (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y otros lo han hecho en el pasado). El esfuerzo multinacional estará conformado en su mayoría por contingentes policiales (no militares), por lo que sería interesante explorar la posibilidad de contribuir con algunos efectivos policiales para tales funciones y, por qué no, con componentes de protección civil para la prestación de ayuda humanitaria.
Esta no sería la primera vez en la que Panamá contribuye en operaciones vinculadas y/o autorizadas por la ONU. Solo es necesario recordar el contingente de 446 efectivos panameños que participaron, hace casi 50 años, de la segunda misión de emergencia de la ONU en el Sinaí, luego de la guerra del Yom Kippur. También sería una buena manera de plasmar nuestro compromiso por la preservación de la paz y seguridad internacionales de cara a nuestra eventual elección como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2025-2026. En resumen, es una oportunidad más de adquirir la experiencia necesaria para lidiar con las problemáticas que nos afectan a todos, es decir para pasar de las palabras a la acción.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
