La modernización del Estado parece implicar una reducción en el número de servidores públicos. Para las nuevas autoridades, habría “un exceso de burocracia para un país tan pequeño como el nuestro”.
Las recomendaciones oficiales para definir el tamaño del gobierno que el país necesita estarán coordinadas por el asesor presidencial para temas constitucionales, el Dr. Miguel Antonio Bernal. La tarea asignada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, no es fácil; al contrario, es muy compleja. Tanto es así que, hace más de 40 años, estudiosos y expertos en América Latina analizaron, sin encontrar una solución, cómo transformar la gestión pública para alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia.
Hacer las cosas de manera adecuada y planificada significa incorporar con más fuerza la tecnología y crear un entorno técnico y transparente, que permita enfrentar los peligros de la corrupción y el tráfico de influencias.
Otro aspecto a considerar es que, en términos generales, los analistas resaltan que modernización no significa necesariamente reducción de personal. Aunque es cierto que dicha reducción puede dar una imagen de gobierno serio.
Sin embargo, no parece justo evaluar el funcionamiento de los ministerios o de las entidades del Estado por su rentabilidad. Este es un enfoque comprensible para un gobierno autodenominado de empresarios, personas acostumbradas a medir el nivel de riesgo de las inversiones. Es importante recordar que muchos ministerios o entidades estatales asumen tareas que benefician a la comunidad, simplemente porque es un deber del gobierno con su pueblo, sin importar los costos, especialmente en relación con los más vulnerables.
Lo que sí es deseable es que los empresarios contribuyan a crear un mercado competitivo y transparente, con todos los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Un ejemplo de esto es la firme presión del presidente Mulino sobre las distribuidoras y comercializadoras del servicio eléctrico en el país, debido a la mala atención al usuario.
Mejorar el sistema administrativo del Estado, eliminando o, al menos, mejorando una serie de normas de control que limiten el robo y, al mismo tiempo, permitan la agilidad deseada, como ocurre en el mundo de los negocios, es necesario.
No menos importante será la implementación de políticas de personal en el gobierno, para lograr una adecuada identificación del servidor público. Además, se necesita algún tipo de incentivo para que el servidor público pueda desarrollarse profesionalmente.
El autor es jubilado
