Existen ocasiones en que los problemas son tan complejos que tienen innumerables soluciones, que van desde las más simples hasta las más complicadas. En estos escenarios, participan diferentes actores: están los que quieren ayudar, los que desean destacar y los que ven una oportunidad política y económica. Los problemas de la Caja de Seguro Social (CSS) son de esos dilemas monumentales por sus serias implicaciones.
El problema actuarial es ampliamente conocido, y todos sabemos cuáles son las medidas que se deben tomar. En este contexto, se proponen medidas paramétricas como el aumento de la edad de jubilación, la cantidad y densidad de cuotas, y la disminución del porcentaje de retribución. Sin embargo, en mi opinión, esto también es una forma de “patear la lata hacia adelante”, ya que en una década estaremos enfrentando el mismo problema.
Enmarcar las soluciones únicamente en la aplicación de dichas medidas desnaturalizaría aún más el objetivo de la CSS y también profundizaría la inequidad en la distribución de la riqueza del país. Desde hace mucho tiempo, la CSS ha condenado a los pensionados a una vida de necesidad, hambre y enfermedad, es decir, a un infierno terrenal. Corregir esta situación es responsabilidad de los gobernantes, quienes deben decidir finalmente cuál será el destino de la población dentro del marco de la realidad actuarial actual, así como de la realidad financiera y de la política social del país. Todos estos aspectos han cambiado desde la fundación de la CSS, aunque la naturaleza de la institución no.
Ha llegado el momento de tomarnos en serio el manejo de la empresa más importante del Estado, que desde el punto de vista financiero, es la de mayor presupuesto y mayor recaudación de impuestos, a través de las cuotas que pagan el gobierno, las empresas y los trabajadores. Sin alejarnos del objetivo natural de la CSS, muy diferente al de otras instituciones privadas de pensión, y tomando las medidas correspondientes, se puede lograr un Programa de Pensiones que satisfaga y asegure una vida de calidad a los beneficiarios, y que además sea una institución que contribuya al desarrollo nacional.
El programa de pensiones de la CSS se ha ido descapitalizando desde su fundación, cuando se pensionaba a muchos que no habían adquirido ese derecho, cuando no se reportaban las cuotas, se aumentaba y se condonaba la morosidad, se eliminó la Estampilla de la Seguridad Social aplicable a todos los contratos, se suprimió el Fondo Complementario y la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes, y todo esto se agravó con la corrupción y la politización de la institución.
Tomarse en serio significa hacer de este programa una gran institución social y financiera, verdaderamente autónoma, separándola, al igual que al Canal, de toda actividad política. Más allá de las medidas paramétricas, algunas necesarias, es fundamental capitalizar el programa.
El Estado, es decir, todos los panameños, y no solo el gobierno, los empresarios y los trabajadores, son responsables de la seguridad social. Esta seguridad social debe ser accesible a todo panameño, a través de una pensión universal.
¿Cómo se capitalizaría esta institución?
Reinstaurando la Estampilla de la Seguridad Social, de 5 centavos por cada balboa en cada tipo de contrato, lo que en un país con un PIB de $80 mil millones podría aportar más de $200 millones anuales.
Destinando un 3% de las ganancias netas del Canal y un 10% de lo que recibe el Estado del Canal, lo que podría significar otros $300 millones.
Con aportes de centavos provenientes de las ganancias netas de empresas privatizadas y de alta tecnología, AMP y sus consulados marítimos, notarías, consulados normales, etc.
Autorizando, dentro de la nueva institución autónoma de los fondos de reserva, la capacidad de invertir con la más absoluta seguridad en todo tipo de inversión segura, tal como lo hace actualmente el Fondo de Desarrollo Nacional.
Aumentando el rendimiento de las reservas de la CSS, haciendo que sus fondos de reserva participen en el financiamiento de las obras estatales por encima de los $300 millones.
Con estas medidas, se minimizaría el impacto social negativo y se impulsaría el desarrollo económico del país en los próximos 50 años, realizando ajustes financieros y actuariales cada 10-15 años para fortalecer el programa solidario y prepararnos para afrontar el inhumano sistema privatizador individual o mixto, que producirá pensiones de hambre y muerte. Es exagerado pretender lograr ahora, de inmediato, los $50 mil millones que los actuarios y economistas dicen que necesitaremos en los próximos 50 años. Me parece más una justificación con otro objetivo.
Es con los recursos que genera nuestra envidiable posición geográfica y nuestros recursos naturales con los que debemos solucionar nuestros problemas, poniéndolos al servicio de la población.
El autor es médico.
