Al iniciar el año escolar 2025 es momento de reflexionar sobre el estado de nuestro sistema educativo. Reafirmamos un principio fundamental: todos los niños, niñas y jóvenes de Panamá merecen una educación de calidad, incluyente y equitativa. Sin embargo, a pesar de contar con más de 17 acuerdos e iniciativas como el Compromiso Nacional por la Educación, “19 para el 19“ y ”24 para el 24”, “La Ruta a seguir: 30 años de Diálogos por una Educación de Calidad” y el Pacto del Bicentenario, la implementación efectiva de estos consensos sigue siendo una asignatura pendiente.
La situación actual resulta preocupante. Los recientes hurtos en centros educativos evidencian problemas recurrentes de seguridad que afectan directamente el entorno de aprendizaje. Es imperativo implementar el Programa Escuelas Seguras para garantizar la protección física de los estudiantes y el acceso a servicios básicos indispensables: agua, saneamiento, electricidad e internet. Un entorno seguro dentro y alrededor de las escuelas constituye la base mínima para cualquier proceso educativo efectivo.
La gestión educativa demanda una transformación profunda. Necesitamos urgentemente un modelo eficaz, técnico y descentralizado del Ministerio de Educación que está pendiente de implementar desde 2022; que mejore la gestión administrativa y pedagógica; se amplíen las oportunidades de aprendizaje y que funcione eficientemente desde planta central hasta cada escuela.
La burocracia centralizada ha demostrado ser un obstáculo para responder ágilmente a las necesidades locales. No requerimos nuevos organismos de seguimiento; los actuales como el Consejo Permanente Multisectorial para Implementación del Compromiso Nacional por la Educación o Copeme (2018), la Concertación Nacional para el Desarrollo (2008), el Consejo de Educación (2004), o la Comisión Coordinadora deben proporcionar el apoyo necesario y cumplir con sus funciones establecidas por ley y decreto.
Es imperativo que las autoridades del Ministerio de Educación estén a la altura de implementar la política pública educativa y cumplan con lo establecido en el marco legal vigente. No necesitamos más proyectos cosméticos o reinventar la rueda. La ruta es clara.
En cuanto a la calidad educativa, es momento de dar el salto hacia un aprendizaje basado en competencias. Debemos adoptar sin más retrasos los Derechos Fundamentales del Aprendizaje e implementar efectivamente las guías pedagógicas. El mundo avanza aceleradamente mientras nuestros estudiantes siguen atrapados en modelos educativos obsoletos que no desarrollan las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI.
Un sistema educativo moderno requiere evaluación y medición de resultados. Es fundamental fortalecer los sistemas de medición educativa y garantizar la realización de pruebas nacionales e internacionales como CRECER, ERCE y PISA. Solo tomando decisiones basadas en datos concretos podremos identificar con precisión dónde están nuestras fortalezas y debilidades. Los datos no le pertenecen al servidor, sino a la ciudadanía.
Nuestro llamado a las autoridades educativas es contundente: los procesos administrativos no deben afectar el inicio de clases. La modernización del sistema debe convertirse en prioridad absoluta basado en los consensos y planes operativos. A los educadores, pilar fundamental de todo sistema educativo, les instamos a renovar su compromiso con los estudiantes, ofreciendo oportunidades de aprendizaje significativas.
A los estudiantes, razón de ser del sistema educativo, les animamos a participar activamente en su proceso de aprendizaje. Su esfuerzo, dedicación y perseverancia son fundamentales para su desarrollo personal y profesional. No solo tienen el derecho, sino también la responsabilidad de exigir una educación de calidad.
La ciudadanía debe comprender que la educación es un derecho humano que no puede seguir vulnerándose. La desigualdad en el acceso a una educación de calidad afecta especialmente a los menos privilegiados, perpetuando ciclos de pobreza y marginación que lastran el desarrollo integral del país.
El momento de actuar es ahora. No podemos permitirnos más demoras, más promesas incumplidas, más generaciones de jóvenes panameños recibiendo una educación insuficiente que no los prepara para el empleo ni para cotizar en la CSS. Debemos involucrarnos y exigir que se hagan los cambios necesarios.
La educación es el factor más determinante para el desarrollo sostenible de Panamá. El futuro de nuestro país depende de las decisiones que tomemos hoy en materia educativa. Es hora de pasar de los acuerdos a la acción, de las palabras a los hechos, por el bien de todos los niños, niñas y jóvenes de Panamá.
El autor es integrante de Jóvenes Unidos por la Educación.
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