La reciente aprobación de la Ley 331, que establece el marco jurídico para regular las bibliotecas públicas en la República de Panamá, fue firmada el 24 de octubre de 2022 por el presidente de la República. La ley fue propuesta por el diputado independiente Juan Diego Vásquez, y es un paso importante e histórico en la historia de la cultura de la lectura y el libro en nuestro país. En términos culturales, es la gestión más relevante después de la creación de la Ley 90, que crea el Ministerio de Cultura, y la 175, que crea la Ley General de Cultura.
¿Por qué es importante esta ley? Es importante porque llega en un momento en que en el continente se acaba de dar un diálogo regional para definir los asuntos más urgentes que diseñen una guía de agenda de prioridades para el desarrollo de las bibliotecas y el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad en Iberoamérica; prioridades que deben atender todos los gobiernos centrales y locales si es que en verdad desean atender los objetivos del desarrollo sostenible.
Es importante porque llega en un año en que la Ifla (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) y la Unesco lanzan un manifiesto que proclama la biblioteca pública como “una fuerza viva para la educación, la cultura, la inclusión e información, como agente esencial para el desarrollo sostenible y para la realización individual de la paz y el bienestar espiritual a través de la mente de todos los individuos”.
Es importante porque la nueva ley está en sintonía con la Ley General de Cultura, que en su Capítulo X dice explícitamente que Ministerio de Cultura “promoverá una política pública de fortalecimiento de las bibliotecas públicas existentes en el territorio nacional, con el objetivo de consolidar la prestación de servicios bibliográficos de calidad, innovadores incluyentes y que atienden las necesidades específicas de los usuarios en sus respectivas comunidades”.
Es importante porque en los Acuerdos del Pacto del Bicentenario aparece el tema de las Bibliotecas Públicas como una de las principales brechas en términos de los derechos culturales de los ciudadanos y se reconoce el rol fundamental de las bibliotecas a favor de la lectura pública, rescate y conservación del patrimonio documental y bibliográfico, en el acceso a la información, educación, cultura y recreación como un derecho ciudadano.
Además, en los pactos se propone establecer el marco legal para el Sistema Nacional de Bibliotecas, así como “implementar la Ley de Bibliotecas Públicas con requerimientos técnicos, administrativos y financieros para su sostenibilidad, adecuado funcionamiento y desarrollo, que garanticen la prestación de servicios bibliotecarios esenciales disponibles a todos los miembros de la comunidad, sin discriminación alguna”.
La numeración de estos elementos que hacen significativa la ley y que defienden el valor de las bibliotecas puede tener mucho peso, pero puede caer en saco roto por un problema fundamental: la población, en su mayoría, desconoce el rol de las bibliotecas públicas hoy día. Se cae en el grave error de pensarlas como lugares que ya no son útiles. De hecho, hay sectores políticos que no están de acuerdo con el fortalecimiento de las bibliotecas y la nueva ley.
Las bibliotecas públicas en Panamá, que en realidad son pocas, son instituciones nobles que salvaguardan desde sus servicios bibliotecarios, no sólo el patrimonio bibliográfico, sino también los derechos de los ciudadanos. Tal vez la insensibilidad hacia las bibliotecas, que no es solo de la ciudadanía, sino también desde la autoridad local, es lo que ha hecho que estén inadecuadamente gestionadas y poco integradas en sus comunidades, con equipamientos deficientes y sin mantenimiento.
Al desconocer el papel social que desempeñan las bibliotecas, se ignoran sus beneficios. Estos beneficios están estrechamente conectados con los derechos ciudadanos. Quiere decir que, si no se reconocen los beneficios de la biblioteca pública, es difícil que se pueda defender los derechos, porque, más allá de la información, las bibliotecas son organismos que crean escenarios propicios para la participación, en la que los problemas sociales de la comunidad pueden discutirse y la ciudadanía crea consensos y alianzas que involucran los derechos relacionados con la educación, la salud, la economía, la participación ciudadana, la sostenibilidad ambiental, la ciencia y la innovación. Derechos elementales para la calidad de vida en la comunidad.
Entonces, podemos darle la bienvenida con entusiasmo a la Ley de la Bibliotecas Públicas, pero es prioritario que se inicie una campaña de sensibilización y docencia sobre el valor social de estas nobles instituciones. Si bien es cierto que se necesitan recursos para mejorar la situación de las bibliotecas públicas, se necesita también cambiar el enfoque que se tiene de ellas desde las autoridades y la ciudadanía.
Las bibliotecas públicas pueden ayudar a reducir las desigualdades sociales y la pobreza, porque los diversos servicios que brindan están vinculados a las necesidades y derechos que tienen las personas en el ejercicio de la democracia y la libertad, lo que permite generar progreso y bienestar. Sin cultura no hay verdadero bienestar, es decir, sin el derecho a la información, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, no hay libertad.
Es vital que, con esta legislación, que ha sido una decisión políticamente necesaria, tengamos ahora un soporte para defender a las Bibliotecas Públicas de la mediocridad mental de los políticos que desde los gobiernos locales han utilizado a las bibliotecas como nichos políticos y trincheras para la politiquería que las han sumergido es la oscuridad apagando su verdadera misión.
“...La vida es una fiesta, si uno hace lo que ama”. Facundo Cabral.
“La apuesta por la transformación política encuentra su mayor aliado en el campo de lo cultural. Si no se da la batalla cultural se puede perder la batalla política”. Carlos Monsiváis.
El autor es escritor.
