El Estado existe para beneficio de los ciudadanos y no de los políticos. Sin embargo, lastimosamente hemos visto como muchos políticos se aprovechan del Estado pensando en sus propios intereses y no en los del pueblo. Esto podemos verlo cuando usan su cargo para avanzar sus negocios personales, el político que influye en la contratación de sus amigos y familiares, el político que recibe regalos que influyen en sus decisiones, el político que se aprovecha de información sensitiva para ganar dinero, el político que favorece a un donante de campaña con una contratación pública.
Lo anterior se llama corrupción, y se estima que nos roba a Panamá aproximadamente mil millones de dólares anualmente. Para referencia, el Canal de Panamá aporta un poco más de 2 mil millones de dólares al año. Pero el costo de la corrupción no está solo en el dinero, sino también en los millones de oportunidades que les quitan a los ciudadanos. La corrupción es como una enfermedad que se adueña del Estado, lo consume poco a poco y deja a los ciudadanos en un estado de desesperación. La corrupción también mata y mutila, al mantener al país en pobreza y con administración incompetente en temas como agua, sistema de salud y seguridad.
A pesar de la gravedad del problema, existen soluciones. La receta para reducir la corrupción es generalmente sencilla, lo difícil es conseguir los ingredientes. Se requiere una mezcla importante de liderazgo político honesto, políticas públicas y presión ciudadana. En Panamá necesitamos urgentemente más de esos tres ingredientes. En la Asamblea reposan más de 10 de estas políticas públicas que pueden ayudarnos a reducir la corrupción y que deben ser discutidas urgentemente. Recientemente una de estas propuestas, la Ley que regula los conflictos de intereses en el sector público, se convirtió en Ley de la República.
Una forma importante para que los políticos pongan por delante los intereses del pueblo es por medio de una Ley que regule los conflictos de intereses en el sector público. Organizaciones internacionales como la ONU, Banco Mundial, OCDE y Transparencia Internacional concuerdan en que adoptar políticas públicas robustas sobre el conflicto de intereses en el sector público son esenciales para combatir la corrupción. La nueva Ley 316 del 2022 regula los conflictos de intereses en el sector público en Panamá. Esta legislación entra en vigencia en febrero del 2023 y contempla reglas de conducta, prohibiciones, incompatibilidades, obligaciones y sanciones en materia de conflicto de intereses.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley, todos los funcionarios públicos de alta jerarquía (Presidente, Ministros, Diputados, Alcaldes, Representantes, Magistrados, etc.) tienen que presentar ante la Antai anualmente una declaración de intereses detallando cierta información que puede ayudar a identificar un posible conflicto de intereses. La Antai será el ente encargado de recibir la información, analizarla, y recomendar los pasos a seguir para la resolución del conflicto y aplicar las sanciones correspondientes cuando sea el caso.
La Ley también contempla otros elementos esenciales para evitar los conflictos de intereses en el sector público, como por ejemplo: no usar el cargo público para beneficio personal, no utilizar información para beneficio personal, no aceptar regalos que pueden representar un conflicto de interés, no adjudicar contratos público cuando exista un conflicto de interés, no recibir dos salarios pagados por el estado, regular el fenómeno de la puerta giratoria, regulación más severa sobre el nepotismo y más. Para algunos esto puede parecer básico, pero para otros no prohibirlo significa una oportunidad de negocio.
La legislación aún no ha sido reglamentada por el Ministerio de la Presidencia y la Antai. De reglamentarse y aplicarse correctamente, esta Ley tiene el potencial de ser un punto de inflexión importante en la lucha contra la corrupción en Panamá. Si bien lo más importante para combatir la corrupción es un liderazgo político honesto y comprometido con el país, es crítico también contar con políticas públicas que puedan cerrar los espacios de corrupción, prevenirla y sancionarla. Falta aún mucho por hacer, pero es posible.
El autor es diputado independiente.
