Durante los últimos años se ha hecho de mayor relevancia la discusión nacional sobre los aspectos que enmarcan el Presupuesto General del Estado (PGE). Ello ha sido así, y con justa razón, representando en monto 1/3 del PIB Nominal, y siendo los recursos de todos los panameños, que en su mayoría aportan a través de sus impuestos, contribuciones y tasas, bajo la premisa de que serán reconvertidos en establecimiento y mejoramiento continuo de servicios e infraestructura pública, así como programas sociales, sujeto a los razonables costos inherentes a su administración, como operaciones, amortización y servicio de deuda.
Es imprescindible partir del hecho que al ser Panamá un país dolarizado y sin la existencia de un banco central, el PGE se convierte en la principal herramienta de la cual dispone el Estado para establecer políticas económicas y fiscales de impacto en la economía agregada. Es un principio básico entonces que el PGE es un medio y no un fin, para lograr los objetivos de Estado.
Sin lugar a dudas los amplios debates ciudadanos han calado en las perspectivas de planificación presupuestaria, al reducir significativa e históricamente en su primera etapa de formulación los montos proyectados para el PGE 2025, comparado con 2024. Sin perjuicio de ello, y luego de ajustes importantes, se reconocen algunas características que limitan el campo de acción, como la alta rigidez del gasto operativo dado el impacto continuamente creciente de leyes especiales salariales, el incremento del costo promedio ponderado de la deuda, y la limitada capacidad de generación de mayores ingresos corrientes en relación con el crecimiento económico.
En corto plazo también existe una amenaza latente para las finanzas públicas que es la búsqueda de sostenibilidad del sistema de pensiones o régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). Este tema, objeto de gran debate, requiere un análisis separado y está siendo abordado por la administración de manera prioritaria.
Todas estas, más que amenazas son restricciones existentes, con al menos tres lustros de evolución sin poder resolverse efectivamente.
La expectativa de todos los panameños es alcanzar una mejora significativa de su calidad de vida, con el establecimiento de mayores oportunidades y el beneficio de servicios públicos de calidad; por ello, siempre es importante balancear en qué medida el PGE pueda impactar adecuadamente en lograr dichos objetivos, esperando una eficaz priorización del gasto y que ajustes no impliquen impacto en menor consumo, inversiones e intercambio económico.
Bajo el prisma optimista, a pesar de la limitada capacidad de inversión bajo el PGE, existen alternativas viables como las Asociaciones Público-Privadas, proyectos llave en mano o pagos diferidos, concesiones competitivas, y un importante listado de proyectos de inversión privada, que implican inversiones adicionales que oxigenarían las limitantes, brindarían oportunidades a la población económicamente activa, y ayudarían a generar mayor productividad.
Como ha trazado el equipo económico de la actual administración, es importante reconquistar la confianza de mercados, inversionistas, entidades financieras y agencias de calificación de riesgo. Por ello, con el PGE 2025, acompañado de la última revisión a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, esperamos se persiga mayor sostenibilidad institucionalizada en el tiempo. Queda pendiente en estos primeros seis meses, la emisión del Plan Estratégico de Gobierno (PEG) que integre el Plan Quinquenal de Inversiones y una Programación Financiera de mediano plazo, los cuales puedan abonar en mayor productividad y mejor disciplina fiscal.
De momento estas son las prioridades, sin embargo, en paralelo necesitamos planificar una mejor diversificación económica que genere mayores oportunidades y empleos para los panameños, con el objetivo de que nuestra economía logre la tan anhelada convergencia. Esta discusión requiere que todos nos despojemos de predisposiciones y banderas ideológicas, entendiendo objetivamente que debemos aprovechar nuestras ventajas competitivas y comparativas, las capacidades instaladas, y dar pequeños saltos a nuevos sectores económicos para mayor diversificación.
Estas conversaciones deben continuar con la participación de todos los sectores productivos, porque el objetivo es el bien común de todos los panameños.
El autor es abogado financiero y exviceministro de Finanzas.
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