La noche del jueves 5 de septiembre pasado, asesinaron a tiros a un suboficial de la Policía Nacional que se encontraba libre de servicio, aunque prestaba seguridad en un minisúper ubicado en Ciudad Radial, corregimiento de Juan Díaz. Para muchos panameños, esto sería otro crimen más dentro de la ola de inseguridad que vive el país a lo largo de estos años. Sin embargo, en esta ocasión el hecho afecta la integridad institucional de quien está llamado a proteger y servir, es decir, la Policía Nacional, que pierde innecesariamente a un efectivo de la unidad de inteligencia policial en manos del crimen doméstico que enfrenta el país.
El sargento segundo Jonathan Espinoza se encontraba en su día libre, laborando dentro de un programa conocido por décadas en la Policía Nacional como “puesto pago”, que no es más que un servicio adicional que prestan las unidades policiales, brindando seguridad a carros de reparto, bailes, locales comerciales, etc., y a cualquiera que esté dispuesto a pagar por ese servicio, estando esa unidad policial en su día libre. Pareciera algo sin problema, pero, ¿cómo explicamos que esa unidad, que debía estar recuperándose luego de prestar un turno regular, esté laborando en su día libre, pagado por el Estado, para un ente privado que pagó por ese servicio, usando el uniforme y el arma reglamentaria de la Policía Nacional?
En el caso que mencionamos, el sargento Espinoza encontró el final de su vida en manos de criminales que no solo le arrebataron la vida, sino que, aparentemente, le robaron el arma institucional, una Glock 17, según detallan los medios escritos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿es necesario que las unidades policiales estén haciendo trabajos adicionales en su tiempo libre, portando el uniforme y armamento del Estado? ¿Qué reconocimiento deberá ofrecer el Estado tras esta pérdida? ¿Será ascendido póstumamente, dado que su muerte no ocurrió estando de servicio regular?
Recuerdo que en la administración del presidente Martinelli, a la fuerza pública se le aumentaron los salarios, de manera que un agente de policía ingresa al servicio ganando un sueldo de B/.850,00 balboas mensuales, mientras que un comisionado de policía podría devengar un salario de B/.6,000.00 balboas mensuales. Durante sus años de servicio, gozan de sobresueldos por antigüedad, estudios universitarios, profesionalismo, viáticos por misión, responsabilidad, gastos de representación y otros emolumentos que hacen atractiva la carrera policial.
Ahora bien, luego del discurso reconciliador y esperanzador de toma de posesión del presidente de la República, José Raúl Mulino, el país dio un voto de confianza en la designación del ministro de Seguridad y de los directores de los tres estamentos de la fuerza pública. Sin embargo, la realidad a 66 días de gobierno ha sido otra; a la fecha, van más de 404 crímenes a nivel nacional, según reportan los medios de prensa escrita.
El país desconoce cuál es el plan de seguridad que propone el gobierno y su ministro de Seguridad para enfrentar la ola de crímenes que afecta al país y, más directamente, al panameño de a pie. Tengamos en cuenta que una cosa es la lucha contra la droga y otros elementos criminales derivados de esa conducta antijurídica, que ha venido realizando la fuerza pública como parte de acuerdos con los Estados Unidos para evitar que ingrese droga a ese país del norte, y otra es la realidad nacional. El país clama por un verdadero plan de seguridad que le dé la confianza a los panameños y extranjeros residentes de transitar y convivir libremente, con la seguridad de que no serán atracados o asesinados. Se requiere de una estrategia que dé resultados de manera inmediata, y no de acciones ambiguas que, más que resultados, ponen en jaque a la mal llamada seguridad ciudadana.
El autor es experto en seguridad.
