La situación del mercado laboral en Panamá no está en su mejor momento: 7.4% de desempleo y 47.4% de informalidad para agosto de 2023, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Estas cifras reflejan una problemática dentro del mercado laboral.
En consecuencia, este es un tema de suma urgencia que debe ser tratado de la mejor manera, especialmente por la preocupación derivada de la actual reforma a la Caja de Seguro Social (CSS) presentada por el gobierno actual.
Del anteproyecto de ley que modifica la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, específicamente en su artículo 62, que a su vez modifica el artículo 101 de dicha ley, se establecen aumentos en los porcentajes de las cuotas a pagar. En el caso del empleador, el porcentaje aumenta en 3 puntos porcentuales, pasando de 12.25% a 15.25%. Por su parte, los trabajadores independientes deberán aportar “el 18% del total de los honorarios brutos”, más un 8.5% adicional y voluntario para el programa de Riesgo de Enfermedad y Maternidad.
Por otro lado, el Estado asume dos sistemas: el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) y el sistema no contributivo que garantiza una pensión mínima universal. Según el punto 3 de la introducción del informe de la Junta Actuarial del 31 de mayo de 2024, “se requerirá de 14 mil millones de dólares para cubrir los déficits de los próximos 10 años, los cuales suman alrededor de 1,185 millones de balboas anuales de manera sostenida en el tiempo”.
El aumento en los porcentajes de las cuotas puede generar un desincentivo para inscribirse o permanecer dentro de la CSS, lo que podría resultar en un efecto contrario al que se busca. ¿Por qué? Por un lado, un aumento en la informalidad y el desempleo se traduce en una caída de la recaudación del Estado; por otro, en una pérdida de ingresos para la CSS, dificultando cubrir sus gastos operativos.
Si bien es cierto que este aumento podría ser trasladado por los empleadores al precio de sus productos y servicios, esto no necesariamente ocurre en todos los casos, ya que dependerá del sector económico y de la elasticidad del bien o servicio que ofrecen. Esto significa que, si la demanda es muy elástica, un alza en los precios puede llevar a que las personas dejen de consumir ese bien o servicio, lo que a su vez podría provocar el cierre o la quiebra de la empresa.
En un país cuya estructura productiva está compuesta en un 80% por MiPymes, que no operan bajo economías de escala y son altamente sensibles a cambios micro y macroeconómicos, este aumento puede representar un incremento de costos que lleve a estas empresas a despedir trabajadores o, en el peor de los casos, a cerrar. Esto generaría un aumento en el desempleo y la informalidad.
El segundo punto a considerar es la participación o el aporte del Estado. Si aumenta el desempleo y la informalidad, la economía se contrae, lo que afecta directamente la productividad y la competitividad del país. Este fenómeno provoca un estancamiento en los salarios —como ya ocurre, según las cifras del INEC de agosto de 2023, donde el 52% de la población gana menos de 880 balboas al mes— y una caída en la recaudación fiscal, lo que repercute en los ingresos del Estado.
En consecuencia, tenemos un presupuesto estatal que cada vez debe cubrir más necesidades (aumenta el gasto público) con menos ingresos. Este panorama podría dificultar el cumplimiento de los 14 mil millones de dólares que el Estado se compromete a aportar a la CSS, lo que podría derivar en un aumento de los impuestos para cubrir dichas obligaciones.
A fin de evitar una “tormenta perfecta”, es fundamental implementar políticas y reformas que mitiguen estos riesgos. Primero, se necesita una liberalización del mercado laboral, lo que implica reducir los costos de transacción y simplificar los trámites burocráticos mediante la eliminación de regulaciones, impuestos y decretos que han rigidizado el mercado y elevado los precios de bienes y servicios. Segundo, se deben realizar reformas parciales al Código de Trabajo, como la revisión de los recargos. Tercero, es necesario introducir un sistema de vouchers escolares que subsidie la demanda, fomente la competencia y eleve la calidad educativa.
Sin estas acciones, las medidas actuales podrían agudizar los problemas económicos y sociales que enfrenta el país, poniendo en riesgo la estabilidad de la CSS y del mercado laboral.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
