En la anterior farsa electoral, seis de los siete candidatos presidenciales acudieron al Acto de Firma del Pacto a favor de las personas con discapacidad y sus familias convocado por la Red Nacional de Discapacidad (Redis) y el Tribunal Electoral de Panamá. En él, escribieron en hielo promesas de esfuerzos y compromisos de abrir espacios, respeto a los derechos humanos, apoyo a las familias, cumplimiento de la convención de los derechos de las personas con discapacidad que Panamá ha suscrito y forma parte como supuesto ente preocupado de su población dentro de la gran Sacostada.
Todos los firmantes se comprometieron a avanzar en materia de inclusión y como garante de este acuerdo estuvo quien en su momento dirigía la institución encargada de garantizar atenciones especializadas a la población con discapacidad y hoy primera autoridad de la educación. Lo que parecía ser una esperanza no fue más que parte del mercadeo electoral.
Lastimosamente, cerca de la culminación de este periodo mantenemos los mismos problemas educativos/académicos con una inclusión sin integración; sin contratación de personal con base al aumento de nacimientos de niños con discapacidad - unos diagnosticados de forma temprana, otros en la adultez; citas médicas que requieren meses de espera; instrumentos y equipo fuera de servicio al momento de la cita; plan de terapias que no reflejan las horas necesarias para que un niño avance, familias en lugares remotos que no saben de un diagnóstico y el Estado no tiene idea de su existencia y normas que no defienden los derechos humanos de nuestra población; todo quedará en la lista de pendientes.
Nuestra población está destinada a ser solo atendida o solo mirada por autoridades que conocen los términos, conocen los mecanismos de atención, conocen la victoria de una evolución pero no conocen lo que es hacer filas por un electroencefalograma, matricular tu hijo en un sistema estatal colapsado, aplicar en escuelas privadas dónde al conocer la condición niegan los cupos, actividades comunitarias que no son inclusivas y aun así seguir siendo utilizados por los candidatos que manipulan nuestra población para lograr sus objetivos.
Aún esperando el Instituto Especializado de Neurodesarrollo Integral (Iendi). En 2022, la gerente encargada del proyecto indicó que este centro deberá entrar en funcionamiento en un periodo no mayor a diciembre de 2022, adivinen… no pasó. En septiembre de 2023, en la página de la Presidencia se informa que tiene un 30% de avance; si hacemos probabilidad y estadística, este instituto abriría sus puertas en 2033. Y otros tiros al aire como el Instituto de Autismo para el Distrito de San Miguelito.
Es preocupante mirar hacia las elecciones del 5 de mayo 2024, el abanico de alternativas; unos son los mismos que asistieron al pacto en el torneo anterior y como no ganaron la discapacidad perdió valor de mercado; otros pasaron por ahí y pretenden representar una necesidad, una carretera de obstáculos, todos los no´s académicos y la discriminación que nunca sus lentes lenteja han recibido.
¿La alternativa independiente, una clase de mercadeo electoral de bajo presupuesto? Muchas familias han firmado para una propuesta independiente. Sí, esa que se vende declamando los artículos de la ley, los de la Biblia, con gran conocimiento del lenguaje corporal; el que mueve la cabeza asintiendo y haciendo creer a las personas que están de acuerdo, que están en tus zapatos o que lo que dices lo recordarán en su propuesta. Una vez firmado, objetivo logrado. A la fecha no se ha presentado ninguna propuesta ligada a la población con discapacidad ni a nivel comunitario, distrital, provincial y mucho menos de Estado. Pero esto no es solo en el campo electoral, los segmentos televisivos que pretenden obtener los planes y propuestas de los candidatos no incluyen en sus cuestionamientos la discapacidad.
Simplemente, la discapacidad no cotiza en televisión, no atrae votantes y no es prioridad ni tema ni del Estado ni de la sociedad.
La autora es ciudadana.