Panamá se encuentra en una encrucijada determinante. Mientras el mundo avanza hacia la inclusión y la igualdad, en nuestro país persisten actitudes discriminatorias que niegan derechos fundamentales a un sector de la población: las parejas del mismo sexo. La reciente negativa del Estado a reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo es un recordatorio de que la lucha por la igualdad de derechos aún no ha terminado. En este contexto, es fundamental que todas las personas en Panamá comprendan las implicaciones de esta discriminación, que no solo afecta a las parejas directamente, sino a toda la sociedad.
La utilización de la orientación sexual como argumento para negar el acceso al matrimonio es una forma de discriminación que, si no se detiene, podría extenderse a otros derechos fundamentales. Mañana, podríamos ver cómo se niega el acceso a espacios públicos a personas de diferentes religiones, orígenes étnicos o condiciones socioeconómicas, lo cual es un camino peligroso que empobrece nuestra sociedad. Legalizar la discriminación no solo es injusto; es inhumano y puede generar un aumento de la violencia y la marginación, proyectando una imagen negativa de nuestro país a nivel internacional.
La reciente sentencia de la Corte que ignora la existencia de las parejas del mismo sexo y sus familias no puede ser aceptada. Esta decisión no solo priva a las parejas de derechos básicos, como el acceso a la seguridad social, sino que también afecta a sus hijos, quienes tienen derecho a contar con dos padres o cuidadores. Estas son realidades que ninguna sociedad ética puede ignorar. La falta de reconocimiento legal para estas relaciones es un reflejo de una visión arcaica que debe ser superada.
Panamá tiene la oportunidad de modernizarse y avanzar en la inclusión de las personas LGBTIQ+. La Asamblea Nacional tiene la facultad de derogar las normas del Código de Familia que prohíben el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Además, es esencial que los ministros de Estado trabajen en políticas públicas que reconozcan y atiendan las necesidades de estas personas. No hay justificación para que en los espacios de salud se trate a las personas de manera desigual o para que los funcionarios de migración ignoren la existencia de familias formadas por parejas del mismo sexo.
La voluntad política es clave en este proceso. La ética y el respeto por los derechos humanos deben guiar las decisiones de quienes ocupan posiciones de poder. La historia de Panamá está marcada por momentos de modernidad y progreso, y no podemos permitir que la identidad de nuestro país se defina por la exclusión. Debemos esforzarnos por construir una sociedad que celebre la diversidad, que no deje a nadie atrás y que reconozca la valía de cada persona.
Las experiencias recientes han demostrado que los panameños están abiertos al diálogo, incluso sobre temas que generan reservas. Iniciativas como la campaña Sí Acepto (www.siaceptopanama.com), que invita a la comunicación y al entendimiento, son pasos positivos hacia la construcción de un futuro común. La colaboración de empresas privadas en estas iniciativas muestra que la responsabilidad social puede ser un motor de cambio en las comunidades.
Es hora de que Panamá se una a la corriente global de inclusión y respeto por la diversidad. Si no te afecta que dos personas que se aman puedan vivir juntas y recibir la misma protección que cualquier otra pareja, entonces deberías preguntarte: ¿por qué no incluirlas socialmente? Permitir que estas parejas aporten desde sus capacidades individuales, profesionales y colectivas es esencial para enfrentar los desafíos que se nos presentan como sociedad.
La modernización de Panamá no es solo una cuestión de derechos, sino de construir un país más fuerte y cohesionado. La diversidad es nuestra fortaleza, y es hora de que celebremos esa riqueza en lugar de temerla. La historia nos llama a ser un país inclusivo, donde cada ciudadano tenga la oportunidad de vivir con dignidad y respeto. Es un momento para actuar, para dialogar y, sobre todo, para avanzar hacia una Panamá donde todos, sin excepción, tengan un lugar en la mesa.
El autor es presidente de la Fundación Iguales.
