En estos tiempos de crisis -social, económica, política, ética-, peligrosa crispación, enormes desafíos y muchas mentiras, es preciso tomar decisiones basadas en datos certeros, relevantes, confiables. Y justamente eso es lo que proporciona la última Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2021, “Panamá antes y después de la pandemia” del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales AIP (Cieps).
El documento de presentación de la encuesta incluye un extraordinario prólogo de la historiadora Patricia Pizzurno, que pone un marco histórico de gran relevancia a la actual crisis que parece que tiene como detonante la pandemia de covid, pero que en realidad es mucho más profunda, mucho más antigua y mucho más compleja. Se trata de una pieza corta pero muy sustanciosa sobre los convulsos siglos XIX y XX, sus sucesivas crisis y como se concatenan hasta llegar a la difícil situación que hoy vive el país.
Como se ha divulgado ya por ser un dato de especial relevancia, la nueva encuesta de Cieps revela que la corrupción ha pasado a ser el tema de mayor preocupación de los panameños, desplazando a la inseguridad y la educación, que habían surgido como los asuntos que más preocupaban en la encuesta hecha en 2019.
Tal como se explica en el documento de análisis, este aumento se produce en un contexto en que hemos vivido y sufrido lo que Transparencia Internacional ha llamado “la gran corrupción”, y que tuvo en el caso Odebretch su más clara manifestación. Pero no solo.
En lo que a Panamá respecta podemos decir, que aunque la impunidad sigue reinando, por primera vez en la historia nacional vimos a exfuncionarios de alto rango ser llevados a los tribunales por casos de corrupción nacidos especialmente durante la administración de Ricardo Martinelli. Muchas de esas investigaciones siguen aún en trámite, debido a los huecos del sistema que permite dilaciones sin fin. La corrupción, pues, ha sido y sigue siendo noticia y, por los resultados de la encuesta, la gente lo ha notado.
Un aspecto que llamó especialmente mi atención, fue la valoración que hacen los encuestados de las organizaciones, su poder y su influencia.
En la consulta hecha en 2019, los medios de comunicación, los bancos, la iglesia católica (junto a los iglesias evangélicas) y la gran empresa, combinaban alta valoración y gran influencia. En la nueva encuesta de 2021 solo quedan allí los medios de comunicación y los bancos, cosa que es comprensible teniendo en cuenta lo ocurrido durante el primer año de la pandemia, cuando saber lo qué pasaba y buscar fórmulas para pagar las deudas con los bancos era prioritario.
Los nuevos resultados colocaron a las iglesias (católica y evangélicas) como bien valoradas pero con poca influencia. Un resultado que desde mi ignorancia sobre las interioridades técnicas de esta investigación me llama la atención, debido a la más que evidente influencia que tienen estas instituciones para imponer sus agendas y su visión del mundo, así como impedir la aplicación de políticas públicas que adversan. Los ejemplos sobran y las imposiciones han sido especialmente duras con los grupos más vulnerables de la sociedad. Un último y reciente ejemplo de su poder, es el repudiable cambio de condena de prisión a trabajo comunitario a un sacerdote católico condenado por actos libidinosos contra un menor.
Otro tema interesante es el que coloca a los políticos como el último recurso al que recurren los ciudadanos ante una situación económica adversa, una pregunta hecha obviamente en el contexto de la crisis que produjo la pandemia.
Teniendo en cuenta el modelo clientelar que toca toda la institucionalidad y los servicios públicos, hubiese esperado que “el político” fuera un recurso más cercano al ciudadano. Se trata pues de otro tema para seguir explorando.
La encuesta continúa con otros aspectos como el sector público como proveedor de servicios, el muy relevante tema tributario -especialmente en estos tiempos de disminución en las recaudaciones y cuestionables exoneraciones-; la inequidad de género, que en el encierro impuesto por la pandemia, hizo recaer en las mujeres la mayor carga de trabajo; la discriminación por motivos de raza, etnia, orientación sexual o identidad de género; la dañina desconfianza o la asimetría digital. Todos temas que tienen un enorme impacto en la gran desigualdad que caracteriza a la sociedad panameña.
Disminuir esa lacerante desigualdad, debería ser la gran meta nacional, además de la protección del medio ambiente. El actual gobierno ha diseñado el Plan Colmena para ello, pero lo cierto es que toda política pública requiere además de una buena planificación basada en datos científicos, una institucionalidad fuerte y profesional, así como políticos que entiendan que estos programas deben continuarse a pesar de los cambios de gobiernos. Nada de eso tenemos. Lo que nos sobran son listillos con carnet del partido, que llegan a sus nuevos cargos pisando fuerte y destruyendo todo lo que encuentran. No entienden nada, pero hacen daño. Por allá por Palacio, hay muchos.
La autora es presidenta de la Fundación Libertad Ciudadana, TI Panamá.
